Cooperativa San Antón, una organización agraria navarra que denunció en 2012 el cártel lácteo ante Competencia y cuya denuncia acabó en la histórica multa de 88,2 millones a las industrias lácteas el año pasado, ha pasado a la arena judicial para obtener compensación por el lucro cesante que, de 2000 a 2013, le causaron cuatro industrias lácteas que pactaron precios, según determinó la CNMC. Ahora, la cooperativa exige 15 millones de euros en los tribunales a Puleva, Capsa (la sociedad transformadora de Central Lechera Asturiana), Senoble (interproveedor lácteo de Mercadona) y la cooperativa gallega Celega.
La demanda por conducta anticompetitiva, que pide una compensación por el lucro cesante que durante años padeció esta Sociedad Agraria Transformadora (SAT) navarra, ha sido presentada en un juzgado granadino. El motivo de haber elegido Granada es que Puleva, la industria con la que más trabajaba San Antón, tiene la sede en esta provincia y allí se produjeron muchas de las compras con precio de cártel. Tras darse a conocer esta demanda, otras cooperativas están valorando presentar también procedimientos legales contra industrias lácteas, según ha podido saber este periódico, dado que el cártel duró muchos años y afectó a muchas cooperativas. Esta demanda futura se dirigiría hacia otras de las compañías que participaron del cártel denunciado por la CNMC. Unións Agrarias, sindicato gallego que también ha actuado contra el cártel en anteriores ocasiones y que en su momento valoró presentar acciones legales, acabó descartándolo, ya que la información de la que disponen no les permitía actuar legalmente.
También hay ganaderos que no pertenecen a cooperativas y ellos también podrían establecer sus propias demandas. Incluso podría darse la paradoja de que cooperativistas de la propia Central Lechera Asturiana reclamaran daños y perjuicios a Capsa (Corporación Agroalimentaria Peñasanta), por haberles comprado la leche durante años con precios sujetos a un cártel.
Ebro y Lactalis deberían pagar la sanción de Competencia a medias, pero no queda claro qué ocurriría de haber una nueva sanción por vía judicial
Puleva es una de las marcas más afectadas por la demanda. La responsabilidad de esta marca se divide entre Ebro Foods y Lactalis, pues la primera vendió a la segunda los activos de Puleva en 2010. La conocida marca fue multada con 10,2 millones de euros por la CNMC. Sin embargo, la indemnización por el proceso judicial, de acabar produciéndose, debería ser asumida según fuentes del mercado por Lactalis, dado que el acuerdo privado entre ambas compañías establecía un plazo para el que Ebro se haría cargo de los pagos, y ese plazo ya se superó. Desde Lactalis aseguran sin embargo que aún no hay sentencia judicial que haya resuelto quién deberá de hacerse cargo de la responsabilidad. Ebro provisionó 5,6 millones en sus cuentas de 2014 para hacer frente a posibles sanciones de Competencia y su presidente, Antonio Hernández Callejas, anunció que recurrirían y que era optimista sobre el pago final. La multa está recurrida en la Audiencia Nacional. Lactalis ha sido contactada por Vozpópuli y ha rechazado hacer ningún tipo de declaración, al igual que Central Lechera Asturiana.
Con respecto a Senoble, la cooperativa San Antón denunció en su momento que el interproveedor de Mercadona había dejado de comprarles la leche como castigo por haber destapado el cártel. Esto ocurrió a finales de 2014, en plenas navidades, aunque los ganaderos consiguieron que la situación se revirtiera gracias a la intermediación de los supermercados valencianos.
Un proceso de años
La cooperativa navarra denunció en su momento (2010) las prácticas anticompetitivas, lo cual derivó en la sanción de Competencia cinco años más tarde. Pero ahora, su demanda trata de estimar el lucro cesante producido en estos años. La demanda ha dividido el dinero perdido por litro (cifrado en 10 y 15 pesetas, es decir entre 6 y 9 céntimos de euro) por los años en los que se aplicó el cártel y los litros producidos entonces. Para hacer la estimación se han tenido en cuenta 4 países del área del sur de Europa deficitarios en leche y se ha estimado el valor de los precios que tuvieron este periodo. Si por ejemplo en 2001 en Italia el precio medio de la leche fue de 60 pesetas y en España fue de 52, se ha establecido esta diferencia como el lucro cesante. De esta estimación de entre 6 y 9 céntimos por litro salen los 15 millones de euros que se solicitan teniendo en cuenta que en este periodo se produjeron 250 millones de litros. A todo ello se le aplican también intereses.
Procedimientos judiciales como el iniciado por San Antón serán a buen seguro más comunes en el futuro, dado que durante 2016 debe implementarse la directiva europea de daños y perjuicios, que supondrá las modificaciones de la ley de defensa de la competencia y de la ley de enjuiciamiento civil. Esta directiva, de carácter técnico, proveerá de más herramientas legales a aquellos que quieran demandar daños y perjuicios por prácticas anticompetitivas como las que la CNMC decretó que se han hecho con la leche durante más de una década.
