Más de la mitad del coste de un recibo de la luz de un hogar de consumo medio va destinada a pagar la política de intervención regulatoria del Gobierno. 51 de cada 100 euros de ese recibo que cada mes pagan las familias cubre costes como las primas a las energías renovables, las ayudas al carbón para el cierre progresivo de las minas improductivas, la moratoria nuclear, los contratos de interrumpibilidad (pagos a las grandes industrias por su disponibilidad para parar sus procesos productivos en caso de alta demanda eléctrica) y los crecientes impuestos y gravámenes que soporta la factura.
Así lo constata un profundo estudio comparativo de toda la Unión Europea realizado por David Robinson, del Oxford Institute for Energy Studies. El informe concluye que son los consumidores domésticos los que están pagando realmente las políticas públicas de los gobiernos españoles.
De ahí que el recibo de la luz para los hogares se haya encarecido un 59,1% desde el segundo semestre de 2007 al primer semestre de 2013, periodo que elige el profesor Robinson para hacer la comparativa, siendo ya el sexto más caro de toda UE para este grupo de consumidores.
El documento culpa de esta situación a lo que Robinson viene a denominar la "cuña gubernamental", todos esos costes que no tienen directamente con las producción eléctrica y que son introducidos por los políticos en el recibo para cubrir diferentes políticas. En el caso español, sobresale el apoyo dado a las energías renovables y los apoyos al carbón nacional, así como la promoción de la cogeneración y los nuevos impuestos introducidos.
La gran industria se beneficia de los ventajosos ahorros por interrumpibilidad, que ahora no tienen sentido por la sobrecapacidad del sistema y la baja demanda energética
Esa "cuña gubernamental" pasa una mayor factura a los consumidores domésticos y es hasta cuatro veces superior a la que soporta la gran industria en sus costes energéticos. Frente a los 51 euros que pagan las familias, los gigantes industriales sólo destinan 13 euros de cada 100 de su factura a pagar políticas públicas y el resto a costes realmente energéticos.
Valga de muestra que la gran industria en España ocupa el decimoséptimo puesto en el ranking de precios más altos. Grandes compañías (muchas de ellas grupos internacionales instalados en España) de sectores muy intensivos en consumo eléctrico como el siderúrgico, cementero, azulejero, químico y automovilístico, entre otros, se benefician de las prebendas que les aplican los gobiernos para que no abandonen el país aduciendo altos costes energéticos.
Es una vieja batalla que ningún Ejecutivo ha sido capaz de ganar al poderoso lobby de la gran industria. El actual ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, llegó con grandes bríos gritando a los cuatro vientos que iba a acabar con las ventajosos pagos que reciben los grandes emporios industriales gracias a los contratos de interrumpibilidad. Éstos tenían sentido cuando España crecía por encima del 4% y había picos de demanda que si no se podían cubrir con holgura por la capacidad eléctrica instalada necesita del parón estratégico de grandes industrias para dejar en el sistema más energía para ser consumida.
El recibo doméstico es el sexto más caro de la UE, mientras que el de la gran industria el decimoséptimo gracias a que sólo el 13% se destina a costear las políticas públicas
Por ejemplo, Alcoa o Arcelor, entre otras, paraban sus procesos a petición de Red Eléctrica para no poner en riesgo la estabilidad del sistema y a cambio recibían ventajosas rebajas en su factura. Este es uno de los grandes privilegios de la gran industria, que hace que sólo una pequeña parte de su factura costee las políticas públicas, señala el informe (ver la versión en inglés del documento).
Ahora, con más de cinco años de dura crisis económica, con sobrecapacidad de producción del sistema y la mayoría de lo ciclos combinados parados por falta de demanda, los contratos de interrumpibilidad no tienen sentido, señalan los expertos del sector, porque es imposible que haya picos de demanda con tanta generación excedentaria.
Así que los consumidores domésticos españoles son de los que más cargan no eléctricas soportan en el recibo de toda la UE, mientras que las industrias, de las que menos. El informe también señala que la pequeña y mediana industria sale algo peor parada que la grande, ya que 26 euros de cada 100 de su factura se destina a financiar las políticas, cantidad que representa la mitad de lo que soportan las familias. España es el noveno país con los precios más caros para la industria de tamaño medio.
Según destaca el informe, los países más caros son los que tienen el mayor "grado de apoyo a las políticas energéticas renovables y de eficiencia", como es el caso de España, país que ha convertido su recibo de la luz en un cajón de sastre donde cabe casi todo y donde casi nada se lleva a los Presupuestos Generales del Estado, denuncian fuentes del sector.
Soria llegó a Industria anunciando a bombo y platillo que acabaría con los contratos de interrumpibilidad, pero no pudo con el lobby de la gran industria intensiva en consumo eléctrico
Las extrapeninsulares, por ejemplo, que son sobrecostes de producir la electricidad en las islas, Ceuta y Melilla, iban a ser incluidas en los PGE, ya que son un elemento de vertebración nacional que han de ir con cargo a los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Sin embargo, siguen costeándose vía recibo.
Robinson concluye que "en España como en Europa estamos enfrentando un problema serio de tensión entre mercado e intervención" y "los costes de depender de la planificación son altísimos. Por tanto, la mejor receta pasa por "dar más margen a la competencia en el mercado, frente a la legislación introducida por los gobiernos actual y anteriores, que "van a más intervención", en lugar de apostar por más "elementos de competencia" y sacar los costes no energéticos de la tarifa.
El profesor considera que la "única forma de fomentar la entrada de nuevos agentes en el mercado libre es que haya muchos clientes en ese mercado", por lo que recomienda al Ejecutivo que se atreva a eliminar progresivamente la tarifa regulada y sólo deje en esta situación a los colectivos más desfavorecidos.
