La reforma energética, todo un parto que ha costado casi nueve meses alumbrar, no se ha terminado todavía. Como ayer advirtió José Manuel Soria, tras la aprobación del impuestazo al sector para intentar taponar el déficit de tarifa (que ahora tiene que pasar el trámite parlamentario), quedan pendientes otras cuestiones, como la liberalización tarifaria que reclama la UE, en la que el Ministerio de Industria ya trabaja y cuyo umbral de potencia, actualmente fijado en 10 kilovatios (kW), podría reducirse “muy posiblemente a la mitad o algo menos”, según dijo ayer el ministro tras el Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
En concreto, Industria baraja dejar el umbral para acogerse a la tarifa de último recurso (TUR, la de la mayoría de hogares y pymes) en 5 kW e, incluso, en sólo 3 kW, lo que dejará al albur del mercado a millones de hogares, ya que la potencia contratada por una familia en España es, de media, de unos 4 kW.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) no dispone de datos actualizados sobre el reparto por niveles de tensión de los clientes que tienen la TUR, a la que están acogidos 20 millones de hogares y pymes, pero fuentes del sector dan por hecho que millones de hogares dejarían de tener esta tarifa, regulada por el Estado. Si el tope se fijara en 5 kW, se enviaría al mercado (sinónimo de posibles nuevas subidas del recibo) a unos 6 millones de puntos de suministro.
En enero se acaba el bono social y las familias numerosas pueden sufrir fuertes subidas del recibo
Actualmente, y según la CNE, España tiene un 76% de clientes de electricidad con tarifa regulada. Está en la media europea. Tiene menos que Italia (82%), Dinamarca (85%) y otros países como Francia, Portugal, República Checa, Luxemburgo, Hungría, Polonia y Grecia (todos con niveles superiores al 90%). Hay más liberalización en Finlandia (donde el 65% de los clientes tienen tarifa), Gran Bretaña (58%), Irlanda (55%) y en Holanda, Alemania, Noruega, Bélgica y Suecia (todos por debajo del 50%).
En enero está prevista la desaparición del bono social, que desde julio de 2009 mantiene las tarifas de esa fecha para colectivos vulnerables, como pensionistas que cobren la percepción mínima, hogares con todos sus miembros en paro y familias numerosas. En este último caso, la rebaja del umbral de la TUR podría dejar a esas familias (cuya potencia contratada es mayor) abocadas a fuertes subidas del recibo, independientemente de su nivel de renta. La rebaja de la potencia máxima para tener la TUR fue una de las propuestas de las eléctricas en la consulta pública que abrió la CNE a primeros de año para buscar soluciones al déficit tarifario. La alemana E.ON, por ejemplo, pidió rebajar ese umbral de forma “gradual” hasta los 3 kW.
No obstante, y pese a que ayer predominaba la prudencia en las empresas hasta ver el detalle de los números (y la letra pequeña del proyecto de ley), tras un primer análisis, la reforma presentada para contener el inmenso agujero del déficit (24.000 millones de euros, y subiendo) disgusta a las grandes eléctricas. Para Unesa, “aumentar los impuestos en vez de reducir los costes regulados del sistema [como las primas a las renovables] no es en ningún caso la solución del problema del déficit de tarifa”.
Unesa subraya que “a pesar de que el déficit de tarifa se produce en los costes regulados, las tasas recaen exclusivamente en la generación, con especial incidencia en las instalaciones más eficientes que aportan la energía más barata para el consumidor y cuyo precio es totalmente homologable con el resto de la Unión Europea. En definitiva, se castiga a las energías eficientes para ayudar a las ineficientes”.
El Gobierno no descarta actuar en el sistema de fijación de precios eléctricos
Y así lo corrobora una fuente del sector de las renovables, que pide el anonimato: “a las grandes eléctricas les han crujido”, reconoce. Industria se ha limitado a dejar sin derecho a subvención a la producción termosolar con gas natural, lo que, según sus cálculos, ahorrará unos 50 millones. Además, la aportación de las renovables a los 2.700 millones que Industria espera recaudar en total con la batería de impuestos presentada ayer se limita a los 688 millones que aportarán las tecnologías del régimen especial (entre otras, eólica, fotovoltaica y termosolar) a través del nuevo gravamen del 6% a la producción de energía que se aplicará a todas las tecnologías.
En el Gobierno, que no descarta actuar en el discutido sistema de fijación de los precios eléctricos, creen que las grandes utilities pueden darse por satisfechas: “Al principio de la legislatura, las eléctricas contaban con una quita del déficit de tarifa”, recuerda un miembro del Ejecutivo. Además, la tecnología que, en principio, parece la menos perjudicada de todas, la eólica, está copada por las grandes compañías del sector.
No obstante, el tajo para las asociadas a Unesa es considerable. En el denominado régimen ordinario (las tecnologías tradicionales), la recaudación esperada con la tasa a la generación del 6% es de 571,7 millones. Pero a esa cifra se suma el nuevo gravamen a la producción de residuos nucleares (269 millones al año), el canon a las centrales hidráulicas (304 millones) y los ‘céntimos verdes’ a la generación con fuel, gasóleo y carbón, sin olvidar el del gas natural (que pagarán los consumidores, incluyendo las centrales de ciclo combinado).
El déficit tarifario que asume el Estado supondrá 0,15 puntos más de deuda pública sobre PIB
Industria, que, quizá en un ejercicio de voluntarismo, insiste en que las eléctricas no repercutirán los nuevos impuestos a los precios de la energía (E.ON ya ha reconocido que está ocurriendo, sin que esos tributos estuvieran aprobados), cree que no se dan las condiciones adecuadas para colocar los 7.000 millones de déficit tarifario que están pendientes de titulizar. El Gobierno, que confía en que, con los recortes de costes regulados aprobados en la primera mitad del año el déficit tarifario no supere el tope legal de 1.500 millones para todo este año (algo que algunas fuentes del sector ven dudoso), calcula que los 2.066 millones de euros de deuda eléctrica que asumirá el Estado (esa será su aportación a la resolución de un problema que han creado los sucesivos gobiernos) supondrán un incremento de 0,15 puntos en el ratio de deuda pública sobre PIB.
Tras la trifulca suscitada entre Soria y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la gestación de la reforma, el Gobierno ha decidido tramitar el paquete de medidas anunciado ayer como proyecto de ley, lo que le permite cubrirse las espaldas ante los previsibles recursos de las eléctricas en los tribunales.
