Una vez declarada la independencia de Cataluña ¿qué organismo regulará el mercado bursátil catalán?; las funciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿las asumirá otro regulador?; ¿quién velará por el funcionamiento del sistema financiero si el Banco de España ya no es la primera autoridad en esta materia?
La denominada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, pretendida Norma Suprema transitoria en Cataluña aprobada la pasada semana por Junts pel Sí y la CUP, pasa por alto la regulación del sistema financiero y bursátil catalán. Sólo el Título VI, Finances, recoge cinco artículos dedicados a la materia económica, pero en ninguno de ellos se precisa el funcionamiento de la Bolsa o de las entidades financieras con sede en Cataluña. A falta de mayor concreción, el texto simplemente apunta a la Generalitat como máxima autoridad en el asunto.
La ley publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial del Parlament se reconoce así misma como "norma suprema mientras no sea aprobada la Constitución (...)". El texto comienza diciendo que aunque "la configuración definitiva del nuevo Estado corresponde a la Constitución que ha de elaborar la Asamblea Constituyente y ratificar la ciudadanía, una vez proclamada la independencia de Cataluña", es imprescindible "dar forma jurídica, de manera transitoria, a los elementos constitutivos básicos del nuevo Estado para que de forma inmediata pueda empezar a funcionar con la máxima eficacia (...)". Es decir, que el Parlament da por sentado antes de que se celebre el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre que el resultado del mismo será a favor de la independencia.
A principios de año el presidente de la CNMV transmitió a líderes políticos catalanes la necesidad de que no se produzca una desconexión
El artículo 80 del Título VI dice que es la Generalitat "la autoridad que exige en el territorio de Cataluña todos los tributos y todas las cuotas y obligaciones de todo el sistema de seguridad social y de clases pasivas, así como cualquier otro ingreso de derecho público (...)". El artículo 82 indica que el "Estado catalán sucede el Reino de España en los derechos y obligaciones de carácter económico y financiero en los términos que se acuerden con este, y los que se deriven de acuerdos con terceros".
También en virtud del artículo 84 la Generalitat se convierte en la máxima autoridad aduanera del territorio actuando "de acuerdo con el régimen aduanero y arancelario derivado del derecho de la Unión Europea".
Tanto la función supervisora del Banco de España como la de la CNMV está realmente supeditada a los reguladores europeos, por lo que el mercado bursátil y el financiero de una supuesta República catalana también estarían controlados por las autoridades europeas.
El Banco de España forma parte del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), formado por el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades supervisoras de los países de la UE que participan en él; el MUS es el primer paso hacia la denominada Unión Bancaria europea, y no parece probable la creación de un Banco de Cataluña que forme parte del mismo mecanismo.
La CNMV, con delegación en Barcelona, celebró su primer consejo del año en la capital catalana, el primero también para el presidente del organismo, Sebastián Albella, en la ciudad. Albella aprovechó el viaje para entrevistarse con líderes políticos catalanes, a los que transmitió la importancia de las grandes compañías catalanas en el mercado bursátil español y la necesidad de que no se produzca una desconexión a nivel financiero o corporativo, de acuerdo a fuentes cercanas al regulador del mercado español.
Rechazo europeo
Los principales representantes de los organismos europeos encargados de velar por las finanzas de la UE ya han advertido de las graves consecuencias que tendría para Cataluña una declaración de independencia como la que ahora se está fraguando.
El pasado jueves el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, manifestó en una carta contestando a la eurodiputada Beatriz Becerra (del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa), que "cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la UE. El respeto debe ser garantizado en todo momento". También afirmaba que respetar "el Estado de derecho y los límites que impone a quienes están en el Gobierno no es una opción, sino una obligación".
La misma eurodiputada también requirió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, un pronunciamiento respecto al proceso independentista catalán. Juncker citó en su respuesta a Beatriz Becerra las palabras del expresidente de la CE, Romani Prodi, en el año 2004: "Cuando un territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a ese Estado".
