Ni siquiera la ofensiva fiscal del PP en segunda vuelta en el Senado que ha conseguido romper la mayoría de la investidura ha aprobado medidas favorables a la banca. El sector es el gran damnificado en el paquete fiscal que el Congreso ha validado definitivamente este jueves en el Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales. La entente de PP y Junts, a la que se ha sumado el PNV, ha blindado a las energéticas frente al impuesto que persiguen endosarle los socios de izquierda, pero no se ha ocupado de la banca.

De hecho, el impuesto a la banca definitivo es más duro que el que muere el 31 de diciembre y lo ha diseñado Junts a medida, sin oposición del PNV. Y la versión final, que se introdujo en el Pleno del Congreso del 21 del noviembre, es la más exigente: gravará entre el 1% y el 7% los ingresos típicos y comisiones y supondrá un golpe fiscal de unos 2.400 millones de euros anuales para el conjunto de las entidades.

Una factura que supera en unos 1.000 millones la recaudación del anterior modelo en plenos recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) y que dificultará la concesión de crédito. Esta cantidad es muy parecida a lo que ha recaudado el impuesto a energéticas, que no sigue. El sector financiero advierte de que restará capacidad para prestar unos 50.000 millones a familias y empresas.

En función de los tramos progresivos pactados por el PSOE y Junts, y de los ingresos del cierre de 2023, el nuevo diseño impondrá un pago del 7% a CaixaBank, BBVA, Santander y Sabadell al superar los 5.000 millones en España por el margen de intereses, que mide el negocio típico, y por las comisiones en la comercialización de productos financieros.

Este tipo progresivo es un acicate más para la oposición de Sabadell a la opa de BBVA, ya que en una fusión su factura fiscal se encarecería considerablemente. Sin embargo, la progresividad no supone una afectación más equitativa a las entidades extranjeras que operan en España, como reclamaban las españolas. En principio se aplica por primera vez a todas pero la horquilla que estipula deja fuera a las foráneas. 

El PP tampoco ha conseguido validar la enmienda que planteaba redirigir la recaudación a ayudas a las hipotecas o a construir vivienda de precio tasado que permitiera acceder a los jóvenes a la vivienda.

Campo de pruebas del cupo catalán

Por último, ha quedado fuera el intento de los populares de que el impuesto a la banca no sea el campo de pruebas del cupo catalán  y de un sistema de financiación para privilegiar a Cataluña. que pactaron PSOE y Junts. Se trata del primer impuesto diseñado para beneficiar a una comunidad en concreto y que favorece a las comunidades ricas. 

De esta forma, Cataluña y Madrid se llevarán el 40% del impuesto, unos 960 millones, y Extremadura, el 1,7%, 40 millones. Madrid, la comunidad con más PIB, será la más favorecida, pero seguida muy de cerca por Cataluña en un diseño que se ha elaborado para beneficiar a esta última. Si se incluye a País Vasco y Navarra, estas cuatro comunidades recibirán el 50% del impuesto, aunque lo que se prevé es que las forales lo concierten.

La regla de oro del sistema de financiación es que se aporta según PIB y se recibe según población con el fin de que no se perjudique a las comunidades más pobres. "No es razonable ni equitativo. Es una fórmula insólita, que no casa con la progresividad ni con la fórmula de reparto del sistema", señala Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House). El Grupo Popular registró una enmienda para que el reparto se hiciera "en función de los criterios del sistema de financiación autonómica y regímenes forales".

Vías de última hora

Al margen del Congreso, los bancos han tratado de abrir una vía para compensar el impuestazo. Las patronales bancarias AEB y CECA negocian tratar de suavizar la nueva tasa, a la que se ha vuelto a oponer frontalmente el Banco Central Europeo (BCE), con menos exigencias de capital por parte del Banco de España, como publicó este medio. En el seno de los bancos se quiere aprovechar la influencia que puede ejercer el Gobierno en el Banco de España tras el salto del exministro José Luis Escrivá, aunque son conscientes de que esta vía será difícil de materializar.  

En un contexto de rebaja de tipos, con la cuarta en siete meses, los bancos presionan para intentar rebajar la factura con una reducción o incluso con la eliminación del conocido como colchón de capital anticíclico. Esta hucha para afrontar futuras crisis fue activada por primera vez por Pablo Hernández de Cos justo antes de que venciera en junio su mandato como gobernador.

La banca ha mantenido un perfil bajo en la tramitación del impuesto que se quebró a finales de noviembre cuando se iba a aprobar en el Congreso la versión que luego ha sido la definitiva. Como la entidad más afectada por el gravamen, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ironizó: "Se le podría llamar la tasa CaixaBank".

Vozpópuli ha desvelado que Pedro Sánchez ignoró una petición expresa de Ana Botín para frenar el 'impuestazo'. La presidenta del Santander trasladó al jefe del Gobierno las implicaciones que tiene la 'tasa'. La entidad niega que se produjera una reunión

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