Hace meses que Moncloa repite que la Fiscalía se defendió para desmentir un bulo cuando emitió la famosa nota de prensa que desmontaba las informaciones que apuntaban al ofrecemiento de un pacto a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, en el marco de una investigación abierta contra él por dos delitos fiscales. Pero tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que trascendió este jueves y al que ha tenido acceso este diario, todo apunta a que, tras la filtración del correo de González Amador, hay una ofensiva política contra Isabel Díaz Ayuso.
La investigación del instituto armado, en base a los mensajes del terminal del exlíder socialista madrileño Juan Lobato, embarra a parte del círculo de confianza de la Presidencia: "De ese email tendrían conocimiento, antes de ser publicado en ningún medio, al menos: el ex secretario general del PSM, la directora del Gabinete del jefe del Gabinete de Presidencia del Gobierno; el ex secretario de Estado de Comunicación; la directora de comunicación de la ministra de Vivienda y el ex director de comunicación del PSOE y actual secretario de Estado de Comunicación", zanja el documento. Lo cierto es que sigue sin quedar claro cómo tuvieron conocimiento de ese correo.
Lo más probable es que el juez del Tribunal Supremo que investiga la causa solicite el contenido de los teléfono e impute a Pilar Sánchez Acera, la ex jefa de Gabienete del ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y actual ministro -y líder de los socialistas madrileños tras la dimisión de Lobato por este asunto- Óscar López. A partir de ahí, los nombres expuestos por la UCO son también susceptibles, próximamente, de hipotéticos requerimientos judiciales.
Mientras, el núcleo duro del Gobierno sigue descargando toda responsabilidad en la posible comisión de cualquier delito de revelación de secretos en el caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en quien tenía el deber de custodiarlos, según explican fuentes del Ejecutivo a este diario. Los imputados por el Tribunal Supremo, por el momento, son el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz -algo inédito en democracia-, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Cabe reseñar que la UCO encontró "cero mensajes" incriminatorios en los dispositivos del fiscal general -teléfono móvil y ordenador-.
Según acreditan los mensajes de Whatsapp que Lobato intercambió con Sánchez Acera -y que recoge el informe de la UCO-, esta le remitió el documento secreto que se filtró desde la Fiscalía y le presionó para que lo utilizara políticamente en la Asamblea contra Ayuso. Lobato se negó al preguntarse cuál era el origen del documento. Pero Sánchez Acera le dijo que le llegó porque lo tenían los medios. Poco después, el documento apareció publicado en elplural.com y Lobato se decidió a usarlo políticamente en su comparecencia.
La filtración de la Fiscalía salpica, por tanto, al núcleo duro de Moncloa, porque ha quedado despejada la gran duda de si el equipo de Sánchez manejó o no esa comunicación secreta entre González Amador y el fiscal. Lo hizo y, además, se la dio facilitó a Lobato, quien fue a una notaría en septiembre -seis meses después- a dar fe de los mensajes que intercambió con Sánchez Acera para protegerse; un movimiento político que desató una crisis en el socialismo madrileño que terminó provocando su caída.
Todo este lío surge a raíz de una nota informativa que la Fiscalía de Madrid remitió a los periodistas de tribunales el 14 de marzo para desmentir unas informaciones publicadas la noche anterior y que apuntaban que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, en el marco de la investigación abierta contra él por dos delitos fiscales. Esta noticia sentó como una bomba en Fortuny, desde se movilizaron rápidamente para desmentirla.
Así pues, primero solicitaron los correos al fiscal del caso y, después, elaboraron una nota de prensa con el contenido de los mismos. La orden de recabar estas comunicaciones entre el fiscal Salto y el abogado de González Amador la dio el fiscal general. Él mismo lo confirmó en un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia. García Ortiz trasladó que la responsabilidad de los hechos era suya, pero que actuó para desmentir un bulo.
Además, García Ortiz dijo que no se reveló ningún secreto porque dichas comunicaciones privadas entre fiscal y abogado ya se habían filtrado previamente en algunos medios de comunicación, en referencia a la Cadena Ser, que en la noche del día anterior a los hechos ya avanzó en una información en su versión digital que "el novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable".
El problema es que cuando Lobato y Sánchez Acera comentaron la estrategia de ataque a seguir en contra de Ayuso y esta le pidió que usara la filtración, aún no se había publicado íntegro el documento en los medios. Y es lo que ha constatado la Guarcia Civil en su informe. El Gobierno sigue convencido de que no será posible determinar el origen de la filtración y de que el juez no encontrará nada que pueda perturbar políticamente al círculo de confianza de Pedro Sánchez en Moncloa.
