En el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) hay dos formas bien distintas de afrontar el conflicto desatado con la Autoridad del Canal de Panamá y el Gobierno del país centroamericano. De un lado está la italiana Impregilo, que controla un 48% de la sociedad y fue la que propició el preaviso que alertaba de la paralización de las obras el próximo lunes. El grupo controlado y dirigido por Pietro Salini no cede y sigue exigiendo 1.000 millones de dólares a Panamá para cubrir parte de los sobrecostes de 1.600 millones que conlleva la ampliación del canal y para que la obra no se paralice.
Del otro lado está Sacyr, que después del órdago inicial se ha venido a buenas, por exigencias de Moncloa, y ahora busca un acuerdo antes del domingo y sólo pide 400 millones de dólares para seguir adelante.
Es tal el distanciamiento de los dos socios mayoritario de GUPC en la estrategia de negociación de un acuerdo antes del lunes que el Gobierno español y Sacyr trabajan ya en un plan B que baraja la posibilidad de que la italiana abandone el consorcio.
El consorcio mantiene oficialmente que sus socios van de la mano en busca de una solución, pero la estrategia agresiva de Salini choca con la más conciliadora de Manrique
Según confirman fuentes conocedoras del proceso, “en los últimos días, desde que Moncloa tomó las riendas del asunto para buscar una solución, se ha detectado que Impregilo mantiene su posición de inflexibilidad, en la línea marcada por Salini, que desde el principio se desmarcó de Sacyr e hizo la guerra por su cuenta. De ahí que se esté sondeando a posibles socios que estuvieran dispuestos a asumir el papel de Impregilo si al final decide abandonar el consorcio”.
Jorge Moragas, jefe de Gabinete de Presidencia, en coordinación con los Ministerios de Exteriores y Fomento, está controlando las negociaciones con la Autoridad del Canal y el Gobierno de Ricardo Martinelli y no quiere que un imprevisto de última hora con la italiana dé al traste con el proceso negociador, ahora más encauzado.
Las fuentes consultadas señalan también que, previsiblemente, Impregilo dará su brazo a torcer en el último momento, pero por si acaso Moncloa quiere tener estudiada una alternativa en caso de ruptura definitiva. Hasta ahora no ha trascendido el nombre de los posibles substitutos del grupo italiano en caso de ruptura.
Por su parte, fuentes cercanas al consorcio ven “muy difícil” que la italiana mantenga su amenaza, dado que “el coste de dejar el consorcio sería igual o mayor que el de abandonar las obras”. Según los datos aportados por Sacyr, sus avales y garantías de cumplimiento de contrato en el consorcio ascienden a 574 millones de dólares. Sería una cifra similar a la que habría comprometido Impregilo, que al igual que la española controla un 48% de la sociedad.
Las fuentes cercanas al consorcio mantienen que Sacyr e Impregilo trabajan en la misma línea y con el mismo objetivo para buscar una solución y que no hay diferencias en el fondo, sólo en las formas.
El coste en avales y garantías de abandonar el consorcio podría rondar los 574 millones de dólares para cada uno de los dos socios mayoritarios
Sin embargo, Salini ha hecho la guerra por su cuenta después de analizar en profundidad las cuentas de un contrato a todas luces deficitario que fue sellado por Impregilo antes de caer en manos del constructor italiano. Salini tomó el control de Impregilo en 2012 y fue en 2013 cuando comprobó que la oferta económica para hacerse con el contrato de ampliación del canal fue tan agresiva que su partida presupuestaria iba a ser insuficiente para culminar las obras.
Así, el propio Salini ha sido el que ha impuesto en el consorcio la vía más agresiva frente a Panamá resumida en un “si no llega nueva caja para terminar la ampliación paralizaremos las obras”.
En paralelo a la amenaza lanzada por el consorcio, ha habido grupos internacionales que han mostrado su interés por asumir las obras en el caso de que Sacyr e Impregilo abandonaran el proyecto.
De hecho, Moncloa teme que una empresa estadounidense (el gigante Bechtel apostó fuerte por hacerse con el contrato, pero se quedó fuera ante la imbatible, en precio, oferta de Sacyr) pueda colarse en medio de todo el conflicto y desplazar a la española, con el coste de imagen a nivel internacional que un fracaso de este tipo podría tener para la Marca España.
De hecho, Jorge Quijano, administrador del canal, avisó al consorcio de que ya tenía sobre la mesa el nombre de la empresa que se haría cargo de terminar las obras de ampliación en caso de que la Autoridad rescinda el contrato con el consorcio GUPC.
