Tras dos meses de intensas negociaciones, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera Sacyr, han plasmado por escrito un acuerdo para poner fin a la crisis de la ampliación de la vía interoceánica y asegurar la continuación hasta el final de la construcción del tercer juego de esclusas. Al pacto tan sólo le restan los últimos trámites y la firma definitiva, que se producirá en breve.
La ACP anunció la noticia esta madrugada, hora española, a través de un comunicado en el que expuso brevemente los principales términos del pacto, que básicamente coinciden con los puntos en los que se basaba el principio de acuerdo alcanzado hace aproximadamente quince días, cuando se reanudaron las obras de la ampliación tras permanecer quince días detenidas por la falta de fondos.
Así, la ACP y GUPC se comprometen a aportar 100 millones de dólares cada uno para concluir las obras, cantidad a la que habrá que añadir la financiación adicional que consigan con la garantía de los 400 millones de dólares de la fianza que liberará a tal efecto Zurich, la aseguradora del proyecto.
La cantidad restante para finalizar los trabajos vendrá de la moratoria concedida por la ACP para la devolución de los anticipos de la ACP, cifrados en cerca de 750 millones de dólares. De acuerdo con el comunicado de la autoridad canalera, dicha moratoria podrá extenderse hasta el año 2018, siempre que se cumplan una serie de condiciones que no han sido reveladas por el momento.
A cambio, se comprometerá a que las 12 compuertas de las esclusas que aún no han llegado a Panamá lo hagan antes de que concluya el presente ejercicio, de forma escalonada. Los trabajos finalizarán en diciembre de 2015 y las reclamaciones por los sobrecostes seguirán su procedimiento en los organismos de arbitraje previstos en el contrato.
Una crisis duradera
Por su parte, el consorcio GUPC también emitió un comunicado en el que señala que el acuerdo alcanzado con la ACP respalda la vía de la cofinanciación que ha defendido desde el inicio las negociaciones tras el estallido de la crisis de la ampliación como la mejor de las soluciones.
A finales de 2013, la ACP y GUPC comenzaron una intensa negociación para tratar de resolver los problemas de liquidez que afectaban a las obras de ampliación, toda vez que el consorcio liderado por Sacyr llevaba desde 2010, un año después del inicio de los trabajos, una serie de sobrecostes que, además, se habían incrementado con el tiempo.
La ACP se mantuvo por entonces firme en que las reclamaciones debería resolverse a través de las instancias de arbitraje contempladas en el contrato. De esta forma, el pasado 30 de diciembre, GUPC remitió a la ACP un preaviso de paralización de las obras en el caso de que no se resolviera esta situación.
Paralización de las obras
La situación provocó una visita de urgencia a Panamá de la ministra de Fomento, Ana Pastor, para tratar de mediar y que ambas partes llegaran a un acuerdo. Sin embargo, fue en vano. Aunque la autoridad canalera y el consorcio aceptaron sentarse a negociar e incluso firmar un protocolo para articular el proceso, el acuerdo no fue posible y el citado mecanismo se cerró a la conclusión del pasado 4 de febrero sin éxito.
Esta situación dio pasó a la paralización efectiva de los trabajos, cuyo ritmo ya había ido disminuyendo en los últimos meses debido a la falta de fondos y, como colofón, al hecho de que la ACP había bloqueado los certificados de obra de diciembre, con lo que GUPC no podía hacer frente ni al pago de las nóminas.
Aunque se habló de ruptura total, las partes siguieron intercambiando propuestas hasta llegar a un principio de acuerdo hace diez días, que significó el desbloqueo de estas certificaciones, la reanudación de los trabajos y la apertura de un proceso para plasmar por escrito estos acuerdos que culminó a última hora de ayer, hora local panameña.
