Santander se enfrenta a una de las semanas más duras desde que compró Banco Popular. La entidad presidida por Ana Botín encara en la junta de este viernes las críticas de asociaciones de consumidores, despachos y clientes afectados por la resolución del pasado mes de junio. Asociaciones como Adicae y bufetes como el de Félix Revuelta pedirán turno de intervención. El objetivo, presionar a Santander para que negocie y acabe descubriendo el secreto mejor guardado: las provisiones que ha reservado para litigios en Popular.
Los afectados han hecho una declaración de intenciones nada más arrancar la semana. Primero, con la ‘reclamación amistosa’ -que se convertirá en demanda- de 113 millones por parte de los multimillonarios chilenos Luksic, acusando a Santander de “enriquecimiento ilícito”.
Y segundo, con la petición de la ampliación de la querella en la Audiencia por parte de la asociación de afectados representada por Sanguino Abogados, que mueve 100 millones de euros. En dicho escrito, solicita que el proceso penal se dirija también contra Santander, más allá de su filial Popular y sus exconsejeros.
A eso se suma que ya hay una demanda admitida por enriquecimiento admitida, de Jausas. Esta primera es de 50.000 euros, pero le seguirán en los próximos meses otros del mismo bufete por valor de 100 millones.
Riesgo de 1.000 millones
También están en marcha las primeras demandas de Félix Revuelta, que asegura representar a inversores que perdieron 500 millones. A lo que habría que añadir que hubo clientes con cerca de 250 millones que no aceptaron el bono fidelización que ofreció Santander y, por tanto, podrían demandar. Todo ello elevaría el riesgo potencial actual por encima de los 1.000 millones.
Estas noticias son sólo avances de lo que le espera a Santander por el "atropellado" proceso de resolución de Popular, como lo definía -con otras palabras- la propia documentación del proceso. Aunque es cierto que Santander no hizo más que poner la oferta que evitó que la entidad entrara en concurso, el río de demandas no se va a detener por ello. Y los bufetes, algunos de los más prestigiosos del mundo, ven en la entidad presidida por Botín el mejor objetivo para sus demandas, por sus recursos y la posibilidad de buscar un acuerdo por el coste reputacional.
Santander se aferra a que ya ofreció una solución a los pequeños inversores del Popular y que el Supremo fijó con Bankia que los institucionales queden fuera
El pulso se librará en los próximos meses y años en los tribunales. Santander se aferra a que ya ha hecho una oferta a los pequeños accionistas y bonistas del Popular -bono fidelización-, y que el Supremo ya fijó con el caso Bankia que los institucionales e inversores profesionales no deben recuperar el dinero porque sabían lo que hacían.
Donde se la juega Santander es si fue demasiado conservador en su oferta inicial del bono fidelización. Eso puede hacer que se desborde el dique de contención, haciendo que una operación rentable como la compra de Popular deje de serlo.
Por el momento, el banco niega que haya ningún tipo de provisión para afrontar las demandas -el secreto mejor guardado- aunque entre los abogados creen que sí hay un colchón preparado para esta contingencia. Santander se negará hasta el último momento a dar esta cifra por el efecto llamada que provocaría, como ha demostrado pidiendo ‘censura’ con el informe de Deloitte. Hay mucho en juego, y queda mucha partida.
