Llega la temporada de verano y eso en la Comunidad Valenciana es sagrado. Pero este año no será como los demás, porque la polémica sobre el almacén de gas Castor y los más de 500 terremotos ocurridos en septiembre pasado pueden pasar factura a la tradicional llegada de turistas que buscan las cálidas aguas del Levante.
Aunque el Ministerio de Industria suspendió temporalmente las actividades de inyección de gas en septiembre y la frecuencia de los seísmos fue disminuyendo hasta casi desaparecer, la confirmación por parte de dos informes técnicos conocidos estos días de que hay una relación directa entre el Castor y los terremotos ha puesto en guardia a los ayuntamientos de la zona.
No es la mejor noticia del mundo que justo en periodo preveraniego, cuando los viajeros están cerrando las reservas para sus vacaciones, salga a la luz que la inyección de gas ha despertado una nueva falla en la zona, a la que los técnicos ya denominan Falla Castor. Tanto el Instituto Geográfico Nacional (IGN) como el Instituto Geológico y Minero Español (IGME) han constatado que la causa de los seísmos es la actividad del Castor, pero los ayuntamientos de los principales municipios de las Tierras del Ebro (Tarragona) y del Bajo Maestrazgo (Castellón) no quieren que se magnifique el problema de nuevo, para evitar así que se despierten recelos entre los turistas sobre la posibilidad de nuevos terremotos.
El municipio de Vinaroz, frente a cuyas costas está ubicada la plataforma controlada por ACS, lo ha dejado claro. Su portavoz, Lluís Gandía, considera que “como Ayuntamiento de Vinaroz no vamos a participar en ninguna reunión que contribuya a que se asocie la imagen de nuestra ciudad con una actividad industrial que está paralizada de forma indefinida y que para lo único que sirve, a día de hoy, es para dañar los intereses turísticos de nuestra comarca en un momento en que estamos ante unas previsiones turísticas excelentes que no queremos contribuir a poner en riesgo”.
La polémica "para lo único que sirve, a día de hoy, es para dañar los intereses turísticos de nuestra comarca", dicen en Vinaroz
Gandía salía al paso así de la propuesta de las instituciones y algunos municipios de retomar las reuniones conjuntas para exigir el cierre definitivo del Castor. Vinaroz se ha negado a asistir a estos encuentros: “dicho informe (del IGN) viene a respaldar al 100% aquello que hemos dicho siempre desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vinaroz por lo que no necesitamos de nuevas reuniones para reafirmarnos en nuestra postura contraria al proyecto Castor”." “El primero de los informes conocidos certifica y avala la decisión, adoptada por el Gobierno de la Nación, y apoyada por el ayuntamiento, de paralizar de forma indefinida el proyecto Castor, al establecer la relación entre la inyección de gas y los seísmos que afectaron a nuestra población en los meses de septiembre y octubre”, añade Gandía.
"El Ayuntamiento de Vinaroz dice hoy, tras conocerse el informe, lo mismo que decía en el mes de septiembre y octubre y por tanto si no se garantiza la seguridad de las personas al cien por cien pedimos se mantenga la paralización del proyecto hasta su cierre definitivo y para esto no hace falta volver a reunirse, nuestra postura es clara e innegociable”.
Desde Vinaroz (PP) se aplaude al Ministerio de Industria: “la postura actual del gobierno de la Nación que está trabajando con rigor sobre el tema, solicitando múltiples informes a especialistas y actuando con la seriedad que debe tener un gobierno de España, para fundamentar las decisiones adoptadas hasta el momento y las que a buen seguro se seguirán adoptando en el futuro, postura que supone un cambio radical respecto a la tramitación que realizó el gobierno del PSOE y que tuvo como consecuencia los 500 seísmos”.
Así las cosas, lo que se defiende desde la zona es que la polémica del Castor pase a un segundo plano, para no dañar la temporada turística, mientras el cierre definitivo de la plataforma parece cada vez más cerca, hasta el punto de que Florentino Pérez, presidente de ACS, negocia con Industria la devolución al Estado de la concesión a cambio de una indemnización.
Por su parte, el Ministerio está barajando la posibilidad de crear un banco malo para aparcar este activo, del que ACS tendría que aceptar una importante quita para poder, a cambio, recibir una indemnización razonable.
