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Uber envía una queja a Bruselas contra el intento de Francia de prohibir su servicio

La compañía cree que la normativa francesa incumple la directiva europea 98/34 sobre reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información porque establece "barreras técnicas al comercio" y duda de que París haya notificado la adopción de esta legislación a Bruselas.

  • Taxistas protestan este lunes en París contra Uber

La empresa estadounidense Uber ha informado este martes de que ha presentado una queja contra Francia ante la Comisión Europea (CE) por su intento de prohibir este servicio de contratación de vehículos a través del teléfono móvil.

"Hemos solicitado a la CE que examine la legislación que Francia aprobó en octubre sobre la que basa su intento de prohibir la actividad de Uber porque consideramos que viola la legislación comunitaria", ha explicado a Efe la portavoz de Uber en Europa, Susanne Elias-Stulemeijer. "Es la primera vez que hemos planteado una queja a escala de la UE contra un Estado miembro", ha añadido.

La compañía cree que la normativa francesa incumple la directiva europea 98/34 sobre reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información porque establece "barreras técnicas al comercio" y duda de que París haya notificado la adopción de esta legislación a Bruselas, según la portavoz.

Bruselas estudiará el caso, según Uber

Uber presentó su queja mediante una carta dirigida al Ejecutivo comunitario el pasado 20 de noviembre y dice haber recibido una respuesta de la dirección general de Empresa de la CE, con fecha del 10 de diciembre, en la que Bruselas se compromete a estudiar el caso.

La CE no ha querido confirmar por el momento ni la recepción de la queja de Uber ni su respuesta a la compañía y, preguntado este martes sobre el caso en Francia, el portavoz comunitario Jakub Adamowicz se limitó a recordar que la cuestión recae dentro de las competencias nacionales de los Estados miembro.

Bruselas no ha confirmado la recepción de la queja y recuerda que la cuestión recae dentro de las competencias nacionales de los Estados miembro

"Ésta no es un área donde la legislación comunitaria tenga cabida", sostuvo Adamowicz, quien insistió en que son las autoridades nacionales las que deben acomodar a servicios innovadores como Uber dentro de los esquemas existentes que aplican a las compañías de taxi.

Otras fuentes comunitarias matizaron después que la CE podría intervenir si existiese una queja de la compañía que denunciase que el comportamiento del Estado miembro contraviene los principios de proporcionalidad, libre establecimiento y no discriminación previstos en la legislación comunitaria. "Si recibimos una queja de este tipo podemos investigar el caso, lo que no prejuzga el resultado de dicha investigación", añadió una fuente comunitaria.

Uber también envió el pasado viernes otra carta al tribunal francés encargado del caso, a la que adjuntó el escrito del día 10 de la CE, para pedirle que estudie la situación y que en ningún caso aplique la legislación que Francia aprobó en octubre porque incumple la normativa de la UE.

La Comisión señaló en ese escrito que el juez nacional no está obligado, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, a aplicar una disposición que recaiga dentro del ámbito de la directiva 98/34, si no ha recibido notificación de la misma, como exige la normativa.

"En caso de que un juez nacional entienda que una disposición entra en el ámbito de la directiva 98/34 y que no haya recibido notificación de conformidad con dicha directiva, el tribunal debe negarse a aplicar ese reglamento técnico", señala la carta de la dirección general de Empresa e Industria de la CE, que cita literalmente Uber.

El Ejecutivo comunitario recalca también en esta misiva que esta mención al Tribunal, en concreto al asunto C-194/94, es una observación general y no prejuzga la evaluación de la queja presentada por Uber.

El Ministerio del Interior francés anunció este lunes que a partir de 2015 prohibirá el servicio de la plataforma Uber y recordó que la pena por poner en relación a clientes y conductores sin los permisos necesarios podría llegar hasta dos años de cárcel y 300.000 euros de multa

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