Cuando las fuerzas del orden entran por las puertas de las empresas, el dinero comienza a salir por las ventanas. Al menos, así ha sucedido en los últimos casos en los que se han producido registros judiciales en empresas españolas cotizadas, o bien operaciones que han terminado con el arresto de directivos. En cualquier caso, noticias que han provocado notables caídas en bolsa para las empresas afectadas, que elevan la factura de los registros hasta casi 2.850 millones de euros.
Los últimos ejemplos han sido los de OHL e Indra, cuyas sedes fueron registradas este jueves por miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la llamada operación Lezo, a través de la que se investiga presuntos delitos en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II. Los títulos de ambas empresas sufrieron un fuerte castigo en bolsa a raíz de conocerse estas noticias. La peor parte se la llevó el grupo constructor y de servicios, que se dejó cerca de un 10%. Mientras, Indra cayó por encima del 2%.
La sangría no se extendió a la sesión de este viernes, aunque el inicio de la misma fue traumático para OHL tras conocerse la detención de su consejero Javier López Madrid, cuñado además del actual presidente de la compañía, Juan Villar-Mir de Fuentes. A lo largo de la jornada, las pérdidas se fueron disipando, hasta el punto de que el valor fue capaz de esquivarlas al cierre de la jornada, como sucedió con Indra. Pero el daño ya estaba hecho. La capitalización de OHL ha descendido cerca de 125 millones de euros en apenas dos sesiones y la de Indra, en torno a 50 millones.
"Son noticias que alteran tanto al pequeño inversor como al institucional. Para el primero es difícil valorar las consecuencias que pueden tener este tipo de circunstancias. Mientras, gestoras de fondos y bancos de inversión funcionan con criterios éticos que les imponen salir del capital de empresas al menor síntoma de que puedan estar implicadas en casos de corrupción", apunta un analista bursátil.
El caso del Santander
Los casos de OHL e Indra han sido los últimos por orden cronológico pero ni mucho menos los únicos ni tampoco los más voluminosos. Una de las cotizadas que pagó una elevada factura por el registro de su sede fue Santander. A comienzos de junio de 2016, agentes de la UCO se presentaron en su sede de la ciudad financiera de Boadilla por orden del juez José de la Mata, que investiga los datos de la célebre ‘lista Falciani’, la relación facilitada por un antiguo empleado del HSBC en Suiza de presuntos blanqueadores de capitales.
A pesar de la escasa información que trascendió sobre la actuación de la UCO en la sede de Santander y de que las consecuencias de la misma no se conocen (en el caso de que realmente las haya), los títulos de la entidad que preside Ana Patricia Botín se dejaron aquel día más de un 3%, lo que supuso un recorte superior a los 2.000 millones de euros en su capitalización bursátil. En una sola sesión.
Otro caso de corrupción que afectó a empresas cotizadas fue el abierto en torno a la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). En este caso, la sede registrada fue la de esta compañía pero efectivos de la Guardia Civil detuvieron a directivos de empresas que se habían adjudicado contratos. Fueron los casos de FCC y Acciona, que sufrieron en aquellos días un castigo en bolsa que redujo en más de 450 millones de euros sus capitalizaciones.
"Muchas veces es difícil cuantificar el llamado riesgo reputacional. Pero, en el caso de las cotizadas, el castigo bursátil es una forma de medirlo", apunta la fuente. Hay dos tópicos comúnmente repetidos en el mundo de los mercados y perfectamente aplicables a estos casos: el dinero es muy miedoso y la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a una empresa que cotiza. Las cifras indican claramente que ambos se cumplen a la perfección en el caso de los registros de sedes y los arrestos de directivos.
