Como manda la tradición, las compañías eléctricas han recurrido en tropel ante el Tribunal Supremo una de las primeras decisiones que adoptó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, tras su nombramiento, el pasado 28 de diciembre: la orden por la que se establecieron los peajes eléctricos (parte regulada del recibo de la luz) a partir del 1 de enero, que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó el pasado 16 de febrero, con más de un mes de retraso.
Pese a sus alabanzas hacia la figura de Nadal, tanto la patronal Unesa (formada por Iberdrola, Endesa, Gas Natural-Fenosa, E.ON y HC Energía) como las propias eléctricas, por separado, han recurrido la Orden por la que el secretario cumplió la promesa de su antecesor, Fernando Marti, de congelar los peajes, la parte regulada mediante la que se paga la distribución, el transporte, los sistemas extrapeninsulares y las primas del régimen especial (renovables y cogeneración), entre otras partidas, y en la que se genera el déficit de tarifa.
De las cinco grandes eléctricas, la única que no ha acudido por su cuenta al Supremo es HC Energía, perteneciente a la portuguesa EdP.
El propio Nadal justificó el mes pasado en el Congreso su negativa a elevar los peajes con el argumento de que, para eliminar el déficit, sería necesaria una subida del “treinta y tantos por ciento”. Y recordó que “hoy por hoy, lo que la ley establece es que el peaje se fija una vez al año”. En concreto, desde el verano pasado, cuando Industria eliminó la revisión trimestral y se quitó de encima el engorro de adoptar cada tres meses una decisión con fuerte calado político.
Los recursos, que ni las compañías ni la patronal comentan, se han interpuesto, fundamentalmente, por la falta de soluciones estables a la insuficiencia tarifaria de los peajes, así como por cuestiones relacionadas con la indefinición en la retribución para la actividad de distribución y en la insuficiencia de los costes reconocidos a la gestión comercial, explican fuentes del sector.
En sus alegaciones a la propuesta de orden de peajes, Unesa ya planteó, entre otras cuestiones, que resultaba “evidente” que, aun en el caso de que se cumplieran las previsiones sobre ingresos que había elaborado Industria para el ejercicio 2013 (que no se están cumpliendo, por la menor demanda de electricidad con respecto a lo previsto), “sería necesario incrementar las tarifas de acceso un 10% para cumplir con el equilibrio entre ingresos y costes” del sistema eléctrico que marca la ley.
La patronal también criticó que Industria no aplicara un tipo de interés “de mercado” a la financiación del déficit y mantuviera el 2% que había venido aplicándose en los tres ejercicios precedentes. “Entendemos que transcurridos tres años ha habido tiempo más que suficiente para establecer un sencillo de lo que representa el interés de mercado”, señaló entonces Unesa.
Los recursos de las grandes eléctricas se unen a los que han presentado, entre otros, empresas como Enel Green Power (filial de renovables de la italiana Enel, propietaria de Endesa), Elcogás, varias compañías de energía renovable, la patronal de este sector (APPA) y la de los promotores eólicos, AEE, y la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), que agrupa a los pequeños promotores fotovoltaicos.
