Ayer por fin se vieron por primera vez la administración concursal de Pescanova (Deloitte) y el comité acreedor de bancos, en una primera reunión de urgencia forzada entre otras cosas por la urgencia de liquidez que precisa la compañía. Tal como informó Vozpópuli, el grupo precisa 60 millones de euros para no entrar en colapso.
Según fuentes presentes en el encuentro, Deloitte confirmó esta circunstancia al steering comite: las necesidades de crédito urgente están en ese rango. Pero hay algo más: continúan aflorando acreedores en una especie de goteo. Aunque las entidades reconocidas son 47, “hay hasta alrededor de 100 entidades de países exóticos con pequeñas deudas”.
Entre otros países, de Venezuela, Sudáfrica, Mauritania o Angola. El incremento de nuevos acreedores no provoca que varíe apenas el perímetro estimado de la deuda (siguen cifrándola en el entorno de los 3.000 millones de euros) pero sí complica sobremanera el proceso de negociaciones.
De momento no surgió decisión sobre la nueva línea de crédito. Los bancos seguirán trabajando y analizando la información, aunque no hay un calendario de reuniones establecido del steering comité.
Pero no hay tiempo en exceso. Las filiales del cono sur han comenzado a presentar suspensión de pagos y si no se ofrece una salida con carácter inmediato a Pescanova, las quiebras de filiales pueden sucederse.
Directivos
Ello pasará, además, por la contratación de un equipo gestor independiente, a no ser que deben hacerse buenas las reclamaciones de Manuel Fernández Sousa, que pese a haber sido relevado por el juzgado de Pontevedra de sus cargos de presidente y consejero, ha pedido mediante Hecho Relevante su reposición. Ese Hecho estaba firmado por la propia Pescanova pese a que el máximo representante de la empresa ya era Deloitte en esos momentos.
Un episodio más en la auténtica sucesión de despropósitos en que se ha convertido la crisis de la empresa gallega.
