Unipost, la empresa postal de la familia Raventós que ha intentado sin éxito durante los últimos años competir con Correos como primer operador postal privado del mercado, está realizando una actividad paradójica en los últimos meses. Ha colaborado con la Generalitat de Catalunya, que le dio 3 millones de euros de subvención en noviembre, en el envío masivo de la documentación electoral hasta que fue interceptada por la Guardia Civil el pasado día 19. Pero mientras tanto no ha cumplido con los compromisos adquiridos con otras administraciones públicas, cuyos envíos no está realizando en tiempo y forma sino acumulando importantes retrasos.
Así está ocurriendo con las notificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae, cuyo servicio de mensajería, además del SEPE (Servicio estatal de Empleo Público) fueron adjudicados a Unipost. Pero la mensajera de una de las ramas de la familia Raventós (dueños de los espumosos Codorníu) ha dejado de enviar las notificaciones, tal y como informan a este periódico fuentes del sector y confirma la propia Fundae a este diario. Desde julio, aseguran, coincidiendo con los preparativos del 1-O, "ha habido una caída del servicio".
Fuentes de los empleados confirman que los envíos no se están produciendo y que "la acumulación en la zona de franqueo, que se envía a través de Correos allí donde no llega Unipost con sus propios empleados" es la responsable. Hay que tener en cuenta también, aseguran las mismas fuentes, que varias franquicias de Unipost están cerrando desde julio por el aumento de su deuda, con lo que "la proporción a franquear es mayor".
Por otra parte, este diario ha intentado contactar con Unipost en sus oficinas de Madrid y Barcelona sin éxito.
Derechos en riesgo
Fuentes del sector de mensajería aseguran a este diario que "ha habido intereses y derechos de los desempleados que están en indefensión porque no les ha llegado por vía administrativa las notificaciones adecuadas". Aseguran que los afectados preparan constituirse en una plataforma. Según estas fuentes, habría peligro de que, al no recibir las notificaciones, "se perdieran derechos". Sin embargo, en la propia Fundae no tienen claro que esto fuera a ocurrir así y se valora también la opción de que mientras no se hayan recibido las notificaciones no empiecen a contar los plazos.
Queda la duda de si no recibir las notificaciones podrá afectar a los derechos de los ciudadanos
La Fundae se encarga de hacer trabajos de asistencia y formación para desempleados y también para trabajadores. Envía sobre todo resoluciones de bonificaciones o de formación de oferta. Aunque se han notificado cientos de casos recogidos por los sindicatos, los servicios de Fundae sirven a unas 280.000 empresas que se están bonificando y a casi 3 millones de trabajadores.
Unipost se encuentra ahora mismo en concurso de acreedores y el administrador concursal decidirá antes del 5 de octubre si hay viabilidad o no para la empresa. Mientras tanto, sus responsables se encuentran investigados por colaborar en un delito de malversación.
