La tensión de la filial de Repsol en Argentina, YPF, con el Gobierno de Cristina Kirchner sigue creciendo. El consejo de admnistración de la petrolera argentina decidió en la tarde de este jueves dejar en el aire su política de dividendo con cargo a 2011 ante las presiones del gobierno argentino, que insisten en que YPF congele los dividendos y los destine a incrementar las inversiones en el país.

Esta incertidumbre aumenta la presión sobre los accionistas de la compañía. La compañía se salvó de un anuncio de renacionalización por parte de la presidenta Cristina Krichner, gracias a la intervención del Gobierno español y a la llamada del Rey. La presión sobre los dividendos tiene implicaciones importantes. La petrolera que preside Antonio Brufau, Repsol (posee el 57% de YPF) recibe entre 600 y 700 millones de dólares por el dividendo, pero lo más relevante es que su socio local, el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi (posee el 25% de YPF), salda su crédito que mantiene con  Repsol, vinculado a la compra de las acciones en la petrolera, con este dividendo. La petrolera lleva toda esta semana recibiendo además presiones de las autoridades locales (desde tres de las cinco provincias), con amenazas de rescisión de las licencias para poder operar en sus aguas. YPF también respondió a estas con tomar medidas legales de cualquier índole.

YPF indica en su comunicado que ha decidido "diferir la propuesta de asignación de los resultados no asignados para la oportunidad de realizar próximamente la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas". Además, añade que se encuentra evaluando "las diversas alternativas disponibles en relación con la imputación de los resultados no asignados para su presentación a la Asamblea General de Accionistas". Así, señala que estima necesario "contar con un plazo adicional" que le permita llevar a cabo "un análisis detallado", con el objeto de formular la propuesta que propondrá a los accionistas.