El juzgado decimosexto de lo civil de Panamá ha decretado en un auto al que ha accedido Vozpopuli el "secuestro" (intervención) de "cualesquiera sumas de dinero a nombre de Zinkia Educational que se encuentren depositadas en cuentas corrientes (...)" así como de la "administración de la sociedad Zinkia Educational con domicilio en Panamá". La decisión de la jueza panameña se toma a instancias de solicitud presentada por Alberto Delgado y Miguel Fernando Valladares, accionistas de la productora de Pocoyó enfrentados con el presidente del grupo, José María Castillejo.
El pasado mes de marzo Zinkia comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la creación en Panamá de una sociedad, Zinkia Educational, a través de la cual "se desarrollarán algunas de las líneas de negocio internacional de la sociedad". La constitución de dicha sociedad alarmó a Delgado y Valladares, que sospecharon que la medida podría tratarse de una estrategia de Castillejo para poder desviar acciones de cara a una posible ejecución de garantías que dejaría al presidente de Zinkia sin el control de la empresa.
Castillejo cobró 102.000 euros en el primer semestre como presidente de Zinkia. Los otros dos consejeros recibieron 12.000 euros
El empresario mexicano Miguel Valladares, con el 11,2% de Zinkia, es el segundo mayor accionista del grupo tras Castillejo, que posee el 64,6% a través de la sociedad Jomaca. Delgado posee el 3,75%. Valladares adquirió, por tres millones, un préstamo de Bankia a Jomaca valorado en 16 millones de euros garantizado con acciones de Zinkia ejecutables en enero de 2014. Pero Jomaca fue declarada en concurso de acreedores en diciembre de 2013 impidiéndose así la ejecución de garantías. Desde entonces Valladares aguarda poder ejecutar las garantías y convertirse en el primer accionista de Zinkia, pero hasta ahora los procesos concursales de Jomaca y Zinkia (que este mes ha salido oficialmente del proceso concursal en el que se encontraba desde febrero de 2014) y diversos incidentes presentados han retrasado dicha acción.
Fuentes cercanas a José María Castillejo sostienen que la denuncia mediante la que se ha intervenido la filial panameña "es falsa" y que el "secuestro" de la sociedad "no significa nada, se nombrará otro administrador y seguirá operando". Las mismas fuentes advirtieron que el administrador concursal de Zinkia no se opuso a su constitución y que se está estudiando presentar demandas penales contra los accionistas que han instado la intervención de la sociedad panameña "por el grave daño causado a la compañía". Además subrayaron que los mismos accionistas ya trataron anteriormente de paralizar la creación de la filial a través de la CNMV y de un juzgado en Madrid, "lo que no consiguieron, y han tenido que ir a Panamá para hacerlo".
En el primer semestre del año Zinkia obtuvo un beneficio de 81.306 euros (363.330 euros de pérdida en el mismo periodo de 2014) y una cifra de negocio de tres millones. El 83% de los ingresos de la compañía proceden del extranjero. A 30 de junio la deuda financiera del grupo ascendía a 9,3 millones. Entre enero y junio José María Castillejo percibió 102.000 euros como retribución por consejero y por dietas por asistencia a los consejos celebrados. El consejo de Zinkia tiene el menor número de consejeros permitidos en sus estatutos, tres; en él sólo se sientan Castillejo; un representante de la sociedad Jomaca (que recibió 12.000 euros); y José Carlos Sola Ballester (12.000 euros).
