El sector inmobiliario percibe una mayor predisposición de las administraciones públicas estatales y regionales a poner a disposición sus suelos para el desarrollo de viviendas de protección oficial como medida para estabilizar los precios del mercado a largo plazo en línea con las recomendaciones del Banco de España.
Dentro de esta tendencia empiezan a brotar empresas dispuestas a relanzar su apuesta por este segmento del residencial todavía golpeado por la pasada crisis inmobiliaria, con alrededor de solo 5.000 de las más de 100.000 viviendas que se lanzaron anualmente en 2018 y 2019. A lo largo de la próxima década, el Gobierno central apunta a colocar en "mercados tensionados" unas 20.000 viviendas protegidas de alquiler a través de la colaboración público-privada.
"Todo apunta a que ahora se va a fomentar mucho el mercado desde las administraciones, estatales y autonómicas"
Entre 1980 y 2017, una de las principales empresas del sector de la promoción de VPO fue la madrileña Larcovi, de la familia Martín. La empresa, declarada en concurso en 2017 tras sumar deudas a actores financieros por valor de 238 millones de euros y literalmente encajar pérdidas por 122 millones entre 2008 y 2014, había llegado a colocar alrededor de 30.000 VPOs en el mercado español.
En 2014, como una "escisión" de Larcovi, surgió la gestora y promotora Víveme. La empresa nació con una cartera de 900 viviendas en obra y comercialización. Hoy tiene una cartera de 1.248 viviendas "asequibles" en distintas fases en Móstoles, Getafe, San Fernando de Henares, Alcalá de Henares, San Sebastián y Getxo, barrio de Ventilla en Madrid y Leganés; el 70% de ellas son VPOs, según apuntan desde la gestora.
300 VPOs al año
"Dependemos de la voluntad de la Administración en sacar suelos para poder desarrollar vivienda nueva asequible, ya que con los precios del suelo privado es muy difícil y la última década estuvo muy marcada por la crisis", señala Mariam Martín, presidenta de Víveme. "Ahora, todo apunta a que se va a fomentar mucho el mercado desde las administraciones, estatales y autonómicas".
Así las cosas, la gestora y promotora, que se especializa en encontrar los suelos y suele desarrollar sus proyectos de la mano de cooperativas, prevé iniciar el desarrollo de "entre 200 y 300 VPOs" al año (en principio para la compra, pero sin descartar el alquiler, para personas que no superen 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, ahora en 537,84 euros mensuales, que pueden además optar a ayudas públicas para esas viviendas) durante la próxima década.
La empresa prevé iniciar ya unos 300 pisos de este tipo en este 2020 en la Comunidad de Madrid (con precios a partir de 140.000 euros) tras obtener suelos y apoyos de administraciones estatales y autonómicas.
Apetito en el sector
Sus cálculos entroncan con una creciente percepción del sector inmobiliario, que ve un renovado filón en la vivienda de colaboración público-privada y, en especial, para alquiler, dadas sus rentabilidades más escuetas pero también, más seguras.
En los últimos 12 meses, por ejemplo, la promotora de Carlos Slim, Realia, ha iniciado el desarrollo de unas 280 viviendas protegidas para el alquiler, y Pryconsa ha lanzado una promoción de 102 unidades. Las principales promotoras cotizadas, Neinor, Metrovacesa y Aedas, estudian en este momento las posibilidades del mercado.
El fondo Tectum ve margen para que se levanten en España unas 60.000 nuevas viviendas protegidas de alquiler antes de 2030
El apetito alcanza ya a fondos de inversión como el sueco Catella, uno de los crecientes protagonistas del mercado de vivienda asequible en España, que compró en abril 500 viviendas protegidas en Vitoria por 50 millones.
Desde el fondo Tectum, especializado en la vivienda asequible y protagonista de la mayor operación del mercado con la venta de 919 pisos protegidos a la aseguradora Axa, han estimado en conversación con este medio que ven ya margen para unas 50.000-60.000 nuevas viviendas protegidas de alquiler en España antes de 2030.
La gestora de inversiones Locare, socia de Tectum, estima de hecho que acompasar a largo plazo el parque de vivienda asequible para alquiler español con la media UE requeriría hasta 136.000 millones de inversión público-privada.
