El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cedido finalmente y compensará a los prejubilados desde enero de 2022 con 40 años de cotización -eso sí, con pensiones de menos de 900 euros mensuales- a cambio de que los grupos aprueben la subida de cotizaciones de 0,6 puntos que pactó con los sindicatos a espaldas de CEOE, que introdujo el viernes en el Congreso.
Así lo ha hecho el Grupo Socialista, que junto con el polémico Mecanismo de Equidad Intergeneracional y otros flecos pendientes, ha recogido una enmienda de ERC, Bildu, PDeCat, Más País, ComBNG y Coalición Canaria sobre esta reivindicación de los prejubilados con carreras largas, más de medio millón, que sufren recortes en sus pensiones por los coeficientes perpetuos aplicados. El complemento salarial será de entre cinco y 80 euros. Los Grupos han advertido de que esta mejora no les parece suficiente y van a intentar ampliarla, según han avisado Compromís y ERC.
En Comisión se van a votar las enmiendas, pero aunque la Comisión tenía competencia legislativa plena, se van a llevar al Pleno, que en principio no será el de este jueves, sino al de la semana que viene, a instancias de ERC, que quiere tener más tiempo para negociar. Todo ello a pesar de la urgencia con la que el Gobierno quiere aprobar la reforma tras comprometerse ante Bruselas a lograr su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre. Pues bien, aunque Inclusión defendió que sólo compensaría a los prejubilados con carreras de 44 años y medio, finalmente se ha avenido a hacerlo desde 40, aunque para pensiones de menos de 900 euros.
El PSOE no registró enmiendas al proyecto y Podemos retiró las suyas, dos, una de ellas, en este sentido, y el PSOE ha llevado ahora a la Comisión unas propuestas que ha colgado a modo de enmiendas transaccionales en las de sus socios de investidura. Además del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, ha incluido otros flecos pendientes de esta primera parte de la reforma de las pensiones. Entre ellos, se amplía el acceso a la pensión de viudedad a parejas de hecho, extendiéndola además a todos los supuestos en los que la persona beneficiaria no tenga reconocida el derecho a otra pensión contributiva.
Para sacar adelante, el Gobierno confía en contar con el apoyo de socios de PNV, Esquerra Republicana o Bildu, que han exigido la realización de una auditoría de los gastos impropios asumidos por la Seguridad Social y el sistema público de pensiones ajenos a las pensiones contributiva, una factura en la que explican los números hoy deficitarios del sistema.
En otra enmienda transaccional que impulsa ERC, la reforma de pensiones incluirá un mandato al Gobierno para que en el plazo de seis meses remita a la Comisión del Pacto de Toledo un informe para cuantificar todos los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva y su financiación desde 1980.
Este informe pondrá particular atención a los conceptos identificados como gastos impropios y a financiar a través de los Presupuestos Generales del Estado, como beneficios de regímenes y colectivos específicos, el reconocimiento de pensiones anticipadas donde no se haya previsto cotización adicional y reducciones en la cotización.
