El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reactiva la reforma de las pensiones in extremis con una propuesta de recargo adicional en las cotizaciones de los sueldos más altos que no ha negociado ni con los agentes sociales ni con los partidos políticos, según ha podido comprobar Vozpópuli. La patronal está fuera de la negociación pero ni los grupos ni los sindicatos han negociado nada ni en mesa formal ni en contactos informales desde principios de diciembre, cuando el plazo comprometido con la Comisión Europea era que tenía que estar aprobada antes del 31 de diciembre. Este "estilo negociador" de José Luis Escrivá tiene muy molestas a las centrales sindicales y "alucinados" a los grupos parlamentarios. Este periódico informó el 30 de enero de que una reunión de Yolanda Díaz y Ione Belarra con Escrivá para desatascar la reforma.
Fuentes sindicales reconocen que la propuesta "entra dentro" de su "petición" al Gobierno: "Nosotros queremos que cotice todo lo que se percibe, igual que en la mayoría de países de Europa". No se conocen detalles de momento del recargo, que ha avanzado El País, que informa de que Escrivá lo ha propuesto la semana pasada en Bruselas. De esta reunión ha dado cuenta El Mundo, que traslada que el Ejecutivo comunitario ha apremiado el ministro a incrementar la sostenibilidad se su reforma, sin mencionar que el Gobierno llevara su propuesta de golpe a los sueldos altos.
"Es una técnica negociadora curiosa la de Escrivá, que plantea propuestas de las que nos enteramos a través de un medio de comunicación", trasladan fuentes sindicales. "No sabemos nada, es todo confuso, no nos ha citado", explican este lunes, después de que el pasado jueves señalaran que el Ministerio sí les había llamado interesado en reactivar la negociación. Pero no ha habido movimiento alguno hasta ahora.
"Alucinados" con la noticia, "seguimos en la misma situación", "no se ha tratado este tema", trasladan desde Podemos y el resto de socios parlamentarios del Gobierno.
"Muchas posibilidades"
Máxime cuando no sólo no se conocen los detalles de este planteamiento sino que tampoco se sabe qué plantea el Gobierno sobre la parte polémica de la reforma que rechazan socios y sindicatos, la ampliación del cómputo.
"Estamos estudiando diversas fórmulas para reforzar los ingresos del sistema, que están siendo analizadas en el marco del diálogo social y del diálogo parlamentario. Cuando haya acuerdo al respecto, daremos los detalles", es la explicación que da el Ministerio. "Se plantean muchas posibilidades, por unos y por otros", añaden.
El recargo en las cotizaciones de los sueldos más altos que se baraja sería adicional a las propuestas ya conocidas de elevar las bases máximas de cotización un 30% en cerca de 30 años, la única oferta hasta la fecha de Escrivá el 28 de noviembre junto con la ampliación del periodo de cálculo de 25 a 30 años, descartando los dos peores, y de extender hasta 2050 la subida de cotizaciones de 0,6 puntos denominada Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), como ha publicado este periódico.
Actualmente, la cuantía del salario que está por encima de la base máxima de cotización (4.495 euros en 2023) no cotiza a la Seguridad Social porque está exenta y aunque se suba la base máxima un 30% en unos 30 años habrá salarios, los más elevados, que sigan escapando de cotizar en su totalidad. De ahí que se baraje la posibilidad de introducir un recargo adicional en lo que cotizan esos salarios tan altos.
Escrivá anunció el pasado jueves en RNE que espera tener lista la reforma de pensiones este mismo mes y aludió a a la complejidad que supone que esta reforma se esté negociando en paralelo con los agentes sociales y los grupos políticos.
Esta segunda pata de la reforma aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima -aunque no al mismo ritmo-, una mejor cobertura de las lagunas de cotización en carreras laborales irregulares y medidas para reducir la brecha de género en pensiones.
El Ministerio ha puesto también sobre la mesa una propuesta para ampliar el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años, con el descarte de los dos peores años cotizados, que genera polémica entre los agentes sociales y dentro del propio Gobierno, con Podemos y Yolanda Díaz a la cabeza.
CCOO y UGT la rechazan. No la ven necesaria, alegan que no está recogida en el Pacto de Toledo y que no goza del suficiente apoyo político para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no es una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes que en el diálogo social.
Sin embargo, fuentes sindicales y de Podemos consultadas por Vozpópuli se han avenido a negociar la ampliación del cómputo siempre que haya negociación y se ofrezcan otras medidas.
Respecto al destope de las bases máximas de cotización y la subida de la pensión máxima, e su propuesta inicial, el Gobierno propuso vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, lo que supondría un incremento de cerca del 30% en dicho periodo.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. El Gobierno propuso que la pensión máxima suba también con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.
Los sindicatos piden directamente que se destopen las bases máximas y los empresarios no quieren oír hablar de más aumentos de costes, con la subida de cotizaciones del 8,6% y el MEI en vigor desde el 1 de enero.
Alargar el MEI a 2050
Con la Ley de Presupuestos del Estado para 2023, las bases máximas han subido un 8,6%, desde los 4.139,40 euros mensuales de 2022 a 4.495,38 euros. Pero es que, además, con la llegada de 2023, ha entrado en vigor el MEI, que establece una cotización adicional finalista de 0,6 puntos sobre el salario bruto, de la que un 0,5% corresponde a la empresa y un 0,1% al trabajador.
Para una base de cotización mediana, de unos 2.000 euros de sueldo, esta subida del 0,6% que establece el MEI, supone una cotización mensual de 12 euros, de los que dos euros los paga el trabajador y 10, la empresa. El objetivo del MEI, con el que se prevé recaudar casi 3.000 millones de euros en 2023 que irán a la 'hucha de las pensiones', es el de reforzar los ingresos de la Seguridad Social para afrontar las jubilaciones de los 'baby boomers' entre 2032 y 2050.
Esta sobrecotización que establece el MEI, sustituto del Factor de Sostenibilidad del PP, se aplicará en el apartado de contingencias comunes, por el que las empresas pagaban en 2022 un 23,6% y el trabajador, un 4,7%. A partir de este 2023, con la entrada en vigor de este mecanismo, las empresas pagarán el 24,1% y los trabajadores, el 4,8%.
Además del compromiso de ampliar el cómputo y las bases máximas, Escrivá se ha visto obligado por la Comisión a alargar a 2050 el MEI, para que pase de ser "semiautomático" a "automático". La fórmula que aprobó en diciembre de 2021 para que entrara en vigor este enero le parece a Bruselas insuficiente, según ha desvelado el ministro en septiembre.
