El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, mantiene que las cotizaciones sociales en España están por debajo de la media de los países de nuestro entorno, a lo que ha dedicado muchos minutos y gráficos en su intervención inicial en el Congreso para atraer a la Comisión del Pacto de Toledo a su pacto con los sindicatos a espaldas de CEOE para subirlas 0,6 puntos durante una década. Esta insistencia se produce no sólo respecto a los datos de Eurostat y la OCDE sino a lo que él mismo sostenía en abril de 2019, menos de un año antes de ser nombrado ministro.
Escrivá advertía en un informe firmado por él mismo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que entonces presidía de que "las cotizaciones sociales en España son relativamente altas, situándose seis puntos por encima de la media de la OCDE". Esta brecha la reflejaba en un gráfico, que indica que el total de cotizaciones sociales como porcentaje del coste laboral es en España del 28%, frente al 22% de la OCDE. Y, a continuación, avisaba al Ejecutivo: "Se considera que cualquier modificación no debería implicar un incremento de las cotizaciones sociales, si no únicamente una reconfiguración de las mismas".
Estas cifras, que maneja habitualmente la literatura académica, vuelven a ser refutadas por el ministro, que se escuda en distintos indicadores que introducen variables salariales y de PIB en la ecuación. Así, ha aludido al porcentaje sobre PIB que suponen -para lo que hay que tener en cuenta que están topadas- del 13,7% frente al 16,7% de la media de la UE, y ha destacado que la subida que propone, al 13,9, debe mirarse con lupa (por lo pequeña). También se ha referido al coste salarial por hora trabajada, de 22 euros en España y de 31 en la zona euro.
A su juicio, el alza en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que propugna es "tan pequeña que no cambia las ventajas empresariales ni sus costes laborales y salariales". Después de sus declaraciones el lunes asegurando que España está por debajo, matizó que estaba hablando del coste laboral agregado (salarios y cotizaciones sociales). Es decir, introduce la variable salarial, con los problemas de temporalidad y de baja productividad que sufre el mercado de trabajo español.
Pacto con los sindicatos
Lo elevado de las cotizaciones españolas, además, se incrementa si se cuenta la parte que recae en la empresa, de las más altas de los ránkings. Finalmente el pacto del Gobierno con los sindicatos incrementa la carga sobre la impresa hasta el 80%, lo que el ministro se ha escudado en que reproduce el reparto general.
Sobre el impacto en los jóvenes, lo ha negado y para ello ha asegurado que será mucho menor que lo que supondría el Factor de Sostenibilidad que creó el PP en 2013 pero que no se ha aplicado, que ha insistido en que habría supuesto un recorte de 300 euros en la pensión del trabajador joven que ahora aporte 1.500 euros a la base de cotización. Así, basa su afirmación en la comparación con un Factor que el propio Escrivá defendía en 2019 como pieza fundamental de la sostenibilidad del sistema. Su aseveración sobre los jóvenes es también contraria a lo que ha denunciado CEOE, para quien la reforma pactada es "insuficiente, no garantiza el equilibrio del sistema y necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad".
A juicio de la patronal, "aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones". El comunicado que lanzó el lunes advierte además de que "la propuesta del Ejecutivo tiene poco de intergeneracional ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes".
Otras reformas
Escrivá también ha hecho alusión a otras reformas que prepara como el destope de la base máxima de cotización comprometido con Bruselas, sobre el que ayer dijo que su objetivo es que la pensión máxima suba en la misma medida que la base máxima cuestión que todavía "hay que calibrar". Ha señalado que las bases en España son una anomalía, están muy topadas, reforma que prevé realizar en el segundo semestre de 2022. También ha mencionado el proyecto para que los autónomos coticen por sus ingresos reales, para lo que habrá que definir el número de tramos y el periodo, ha señalado, además de los sistemas complementarios.
