La elevada capacidad confiscatoria del Estado sitúa a España a la cola de los países de la OCDE y de la Unión Europea en cuanto a la protección del derecho a la propiedad privada, lo que supone un freno al crecimiento económico, la inversión y el emprendimiento, según se desprende del último 'Índice de Derecho de Propiedad 2019', elaborado por Property Rights Alliance y el Instituto de Estudios Económicos.Impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Patrimonio y otros gravámenes municipales como las plusvalías a las viviendas, además de la desprotección frente a procesos de ocupación de viviendas, entre otros, sitúan a nuestro país en el puesto 29 sobre un total de 36 naciones de la OCDE en cuanto a protección del derecho sobre la propiedad física, de acuerdo a este informe."Dentro de los países punteros no estamos en la mejor situación. Teniendo un derecho de propiedad mucho más reconocido jurídicamente que en otros países occidentales, sin embargo no tenemos las mejores prácticas para garantizar su protección", señala Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos y co-autor de este informe elaborado por think-tanks de 129 países del mundo. "Sería deseable mejorar las garantías al derecho de propiedad como condición necesaria para mejorar nuestro nivel de renta y desarrollo económico", añade en declaraciones a Vozpópuli. Con una nota de 6,6 sobre 10, España se sitúa por debajo de la media de la UE (7,1) y lejos de los países punteros en este informe, como Nueva Zelanda (8,7), Suiza (8,4), Finlandia (8,4), Estados Unidos (8,4) o Japón (8,3). Al contrario, nuestro país se sitúa por detrás de Lituania, Portugal o Turquía. De las principales economías europeas, solo Italia obtiene una calificación peor. Mientras en los países de nuestro entorno existen límites al tipo máximo que un Estado puede aplicar a cualquier impuesto (50% sobre la renta del contribuyente en el caso de Alemania, y el 55% en Francia), en en España hay casos y supuestos en los que un contribuyente puede llegar a pagar más del 100% de su renta en impuestos como el de Patromonio o el de Sucesiones y Donaciones.Y esto, a pesar de que el artículo 31 de la Constitución Española establece que en ningún caso el sistema tributario tendrá alcance confiscatorio."Cuando una persona tiene una baja renta, nuestro sistema tributario posibilita que en impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones, al recibir una herencia, el contribuyente acabe pagando más del 100% de la renta percibida", indica Izquierdo. "En España las leyes hacen un énfasis muy fuerte en el principio de progresividad tributaria, pero sin embargo no se atiende debidamente que el límite de ese principio de progresividad es precisamente el límite de no confiscatoriedad recogido en la Constitución", añade.
Vulneración confiscatoria
El informe detalla que en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) "existe una clara vulneración del principio de no confiscación en materia tributaria, puesto que es un tributo que fácilmente llega a extremos que obligan a los contribuyentes a prescindir de su derecho a la propiedad privada". En concreto, la escala progresiva del gravamen, unida a la aplicación de los coeficientes multiplicadores en función del parentesco y el patrimonio preexistente, puede llevar el tipo marginal del ISD en España al 86,1% de la renta del contribuyente.
Establecer un límite del 50% sobre la renta
El estudio destaca que, en la mayoría de los casos, en los países con mayor protección del derecho de propiedad privada hay mayores niveles de progreso económico, PIB per cápita, inversión y emprendimiento. "Estamos en un nivel de protección por debajo de lo que nos corresponde en relación al resto de países desarrollados del mundo", indica izquierdo. Por ello, para favorecer el crecimiento económico de nuestro país, el Instituto de Estudios Económicos recomienda a los legisladores poner, como en el caso de Alemania, un tipo máximo del 50% sobre la renta del contribuyente. Y es, actualmente, el nivel de protección de la propiedad privada, según concluye el documento, se sitúa por debajo de los niveles que registraba España antes de la crisis económica de 2007.
