Para poder comparar cómo distribuye cada país su presupuesto es preciso comparar el gasto que hace cada uno con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB) y, teniendo en cuenta esa comparativa, se observa que España se sitúa a la cola de la Unión Europea (UE) en ayudas para fomentar la vivienda y combatir la exclusión social: destina sólo un 1,5% de su PIB a este fin, frente al 4,2% que dan de media los países de la UE.
De esta forma, se sitúa en el vigésimo puesto, sólo por delante de Letonia (1,2%), Rumanía (1,2%), Estonia (1,1%), Italia (1,0%), Portugal (1,0%), Grecia (0,9%) y Polonia (0,8%), según los datos divulgados esta semana por Eurostat.
La posición de España preocupa especialmente dado que 8,6 millones de personas (un 18% de la población) se encuentra en situación de exclusión social y, de ellos, cuatro millones sufren exclusión severa (un 40% más que al inicio de la crisis), según datos de 2017 de la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas.
Este elevado número de personas en riesgo, unido a la evolución del precio de la vivienda, que ha experimentado una subida sostenida tanto en precios de compraventa como de alquiler, y a la elevada tasa de paro (del 14,55% a cierre del tercer trimestre) evidencian la importancia de esta diferencia con la UE.
Por el contrario, lidera la clasificación Chipre (con un 8,4% de su PIB a la ayuda de vivienda) y entre las más generosas se sitúa también Reino Unido (7,2%), Francia (5,6%) o Alemania (3,4%).
El dinero social se lo llevan parados y pensionistas
El gasto total de España en protección social ha caído considerablemente desde el año 2011, en concreto ha pasado de representar un 25,3% del PIB ese ejercicio a un 24,3% a cierre de 2016 -el último del que se tienen datos-, lo que supone una caída de un punto porcentual, muy superior al descenso de una décima que ha sufrido el gasto medio de la UE (28,2% actual frente a 28,3% de entonces).
Sin embargo no en todas las partidas de protección social de España está por debajo de la media, ya que supera a la mayoría en subvenciones de desempleo (8,1% versus 4,7% de media) y pensiones de jubilación (50,4% frente a 45,6%).
Esto se debe a la alta tasa de desempleo que sufre el país y al grave envejecimiento de la población, con 2,2 cotizantes para cada pensionista a cierre de 2017, la ratio más baja desde el año 1999.
Por contra, se encuentra también por debajo en ayudas a la familia e hijos (5,4%, tres puntos menos) y sanidad (34,8%, dos puntos menos).
Los expertos del sector financiero alertan constantemente de que si la pirámide poblacional sigue evolucionando en este sentido, en unos años todo el gasto social del Estado se destinará al pago de las pensiones públicas, algo que en su opinión es insostenible e injusto, por lo que defienden el ahorro complementario para la jubilación.
