Los últimos acontecimientos han creado desconfianza y escepticismo entre empresarios, inversores nacionales y hasta internacionales hacia España, pudiendo tener implicaciones importantes especialmente ahora que nos aproximamos a un aterrizaje "suave" de la economía global.
El mercado accionario español se ubica entre los más rentables en el año (por detrás del MIB Italiano), alcanzando una rentabilidad del 18,62% para el Ibex35, con empresas de una calidad incuestionable, líderes en sus mercados y grandes referentes internacionales.
Sin embargo, los gestores internacionales, y en este caso los europeos, encuestados por Bank of America en su ya tradicional Fund Manager Survey siguen mostrando cierta animadversión hacia la inversión en España, premiando otras economías europeas, como Reino Unido y ahora a Alemania. España, en las últimas cuatro encuestas, es el mercado más infraponderado para los próximos 12 meses:
Asimismo, en una nota dada a conocer por la agencia Moody's advirtía que "los acuerdos políticos para alcanzar la mayoría son negativos para el soberano y positivo para los gobiernos regionales", y señala que el acuerdo de investidura genera un doble riesgo político. La división social generada en España y el riesgo que supone la debilidad de un gobierno apoyado por una mayoría endeble. Pero también, porque la condonación de la deuda a las comunidades autónomas aumenta el riesgo de que las regiones repitan una política fiscal irresponsable.
España fue fuertemente golpeada durante el Covid-19, con un PIB que fue de los de mayor contracción entre sus homólogos europeos. La falta de acción por parte de un gobierno obstinado a negar la realidad y a tomar medidas que apoyaran a los autónomos y PYMES hizo que se perdieran muchos puestos de trabajo que a día de hoy sigue siendo uno de los talones de Aquiles de la actual administración.
Si bien, la región ha mostrado una recuperación apoyada en los diversos programas de apoyo que llegaban desde Bruselas, España muestra un cierto rezago respecto a sus homólogos. Basta ver la fuerte recuperación de Portugal, con unas medidas pro-mercado y que ha hecho que su recuperación haya sido mucho más pronunciada, de acuerdo a datos de Eurostat:
Pero los primeros efectos de una política monetaria restrictiva y tardía ya se dejan sentir en la economía global, y España no escapa. La producción industrial ajustada estacionalmente que aumenta mes a mes un 0,6% tanto en la zona euro como en la UE, en comparación con el mes anterior, y en la que España muestra una contracción del -0,7%:
Pero es de esperar que la actividad económica se desacelere en 2024, siendo un PIB esperado del 1,7%, y con una inflación que aunque se modere siga alta y golpeando al bolsillo de los españoles. A ello habría que agregar que el déficit del gobierno se mantenga por encima del 3% del PIB en 2024 a pesar dela eliminación gradual de las medidas para mitigar el impacto de los altos precios de la energía, según las estimaciones de la Comisión Europea, y con un ratio de deuda de las administraciones públicas a PIB rozando el 110%.
A ello hay que agregar la fuerte presión social que existe por la falta de empleos. Mientras que en Europa la tasa de desempleo fue del 6,4% en agosto y del 5,9% para la Unión Europea, entre los países con las tasas más altas España se lleva el galardón, con una tasa de paro de más del doble de la UE, pero especialmente entre los jóvenes de 15 a 24 años, que ronda el 27%, mientras en países como Alemania es del 5,7%. Todo ello a pesar de esa figura de empleados fijos discontinuos, que enmascaran una realidad aún peor y de la que no se disponen datos reales.
Pero ahora la incertidumbre política se suma a la ecuación, ya que España está viviendo su mayor choque constitucional en años, así lo decía The Economist. Una crisis que lleva meses gestándose ya que en las elecciones generales de julio, el Partido Popular quedó en primer lugar, pero no alcanzó la mayoría, ni siquiera con el apoyo de Vox. Pero el Partido Socialista se quedó aún más corto, a pesar de su alianza con el partido Sumar, un partido de extrema izquierda. Desde entonces, sin embargo, Sánchez ha obtenido el apoyo de cinco partidos regionales, incluidos dos separatistas catalanes que celebraron un referéndum de independencia ilegal en 2017. Junts per Catalunya ("Juntos por Cataluña") aspiraba al premio mayor: una amnistía para cientos de personas procesadas por el referéndum, entre los que está el huido de la justicia y expresidente de Cataluña Puigdemont, permitiendo que salga de su exilio en Bélgica.
Esta amnistía ha puesto a la política española en ebullición y a una sociedad civil liberal, que parecía dormida, movilizada pero que no ha logrado Sánchez recapacite. Una amnistía que el mismo Sánchez, en infinidad de entrevistas y discursos hubiera calificado como inconstitucional, y que fue compartida por muchos socialistas que la semana pasada parecían simplemente haber "cambiado de opinión".
Pero además de la amnistía cabe comentar que parte del precio pagado para su investidura es la cesión de impuestos y la quita de deuda del Fondo de Liquidez autonómico, pero eso es solo de momento, ya que es de esperar que haya más presión por parte de esos cinco partidos regionales durante el mandato de Sánchez.
Además, en su discurso en las Cortes, Sánchez atacó a los "más ricos" y les amenazó con que pagarán más impuestos, lo que podría impactar a la inversión (no solo la española sino la extranjera), como ya apuntan algunos prestigiosos economistas, y que se ha visto disminuida de manera significativa recientemente por la falta de seguridad jurídica:
