Los sindicatos de la estiba acudieron a la reunión con la patronal con una potente arma bajo el brazo: un preaviso de huelga para el mes de marzo, notablemente más agresivo que el planteado hace unas semanas y que transformarán en convocatoria si el Gobierno sigue en su idea de aprobar este viernes el Real Decreto Ley que reforma el sector de la estiba para cumplir con la sentencia de los tribunales europeos dictada en 2014. Una amenaza que, de llevarse a cabo, supondría para la economía española pérdidas superiores a los 225 millones de euros.
El preaviso de huelga, registrado en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se refiere a la reunión de este martes como un acontecimiento futuro. Es decir, estaba redactado y preparado de antemano. Lejos de ser una reacción al resultado del encuentro de este martes con la patronal del sector, Anesco (con la mediación del Consejo Económico y Social), es una estrategia para poner la balanza de la negociación y el debate político a favor de los estibadores.
Fuentes próximas a las negociaciones sostienen que los estibadores persiguen con el aviso de huelga que el Gobierno vuelva a echarse atrás en su idea de aprobar el Decreto. Pero, además, también buscan retomar el punto de las negociaciones justo antes de que el Ejecutivo anunciara que tenía lista la normativa para ser aprobada con carácter urgencia.
De hecho, en el preaviso de huelga, los representantes de los trabajadores inciden precisamente en que las conversaciones con la patronal para la firma de un convenio estaban prácticamente a punto de finalizar a comienzos de febrero cuando la reacción del Gobierno lo echó por tierra. Como informó Vozpópuli, el Ejecutivo logró que Anesco desconvocara una reunión a celebrar el 7 de febrero en el que la patronal iba dar su brazo a torcer ante los estibadores, que habían logrado ir sumando apoyos en las semanas anteriores entre los operadores portuarios, en la mayoría de los casos a base de una bajada de rendimientos para penalizar a aquéllos que se negaban a firmar.
Insistencia en la subrogación
Como también apuntó en su día este medio, la principal pretensión de los estibadores es que las empresas acepten la subrogación de los trabajadores cuando el Decreto Ley entre en vigor y, por lo tanto, las sociedades que hasta ahora provén de estibadores a los operadores portuarios (que, además, están obligados a ser sus accionistas) vayan desapareciendo (el periodo de transición negociado con la Comisión Europea es de tres años).
A finales de la semana pasada, el propio Ministerio de Fomento instó a los estibadores a lograr este punto en el marco de la negociación colectiva, toda vez que Bruselas rechazó de forma tajante que este punto formara parte del Decreto Ley, al estimar que neutralizaba el efecto de liberalizar el sistema de la estiba que pretende.
En su día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España porque el citado sistema atentaba contra el principio de libertad de establecimiento contemplado por los Tratados de la Unión, al impedir a los operadores portuarios acudir al mercado libre para contratar trabajadores.
¿Multa o pérdidas económicas?
Mientras, el Gobierno sigue insistiendo en la necesidad de aprobar cuanto antes la normativa dado que se expone a una cuantiosa sanción por parte de la Comisión Europea por no ejecutar la citada sentencia, que fue fallada hace más de dos años. En las próximas semanas, los Tribunales podrían dictar una nueva resolución por este motivo, que condenaría al Estado a pagar una multa de algo más de 134.000 euros al día hasta que ejecute la sentencia de diciembre de 2014. Además, haría efectiva la multa que arrastra el Reino de España desde entonces y cuyo montante ya se acerca a los 22 millones de euros.
En todo caso, cantidades que ni se aproximan a los más de 225 millones de euros que tendría como impacto para la economía española la huelga prevista por los estibadores, que pretenden paralizar los puertos en las horas impares durante nueve días del mes de marzo. Los grandes inversores de Puertos del Estado señalaron hace unos días que cada día de paro total supondría un coste de 50 millones, haciendo alusión a estudios llevados a cabo por consultoras internacionales.
Este miércoles proseguirán las negociaciones, a la espera de una reacción por parte del Ejecutivo, que ya decidió quedarse al margen de los encuentros y ejercer únicamente como mediador.
