El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tenido que defender ante las autoridades europeas que España no es Irlanda y que el caso de Bankia es único. El país no se verá arrastrado por su sistema financiero y no se contempla el uso de dinero europeo, ha asegurado.
Las declaraciones en Europa cuestionando el estado de las entidades españolas han elevado su intensidad en las últimas semanas. El recién elegido presidente francés, François Hollande, afirmó que España podía acudir al fondo de rescate de la UE para recapitalizar su banca. Y uno de los expertos que asesoró al Ejecutivo irlandés para crear un banco malo recomendó a los españoles que reconociesen la dimensión de sus problemas. Para colmo, la inyección de 23.000 millones a Bankia y la posibilidad de que se fusione a todas las entidades en dificultades han multiplicado las sospechas.
Este tipo de comentarios ha llevado a los políticos españoles a explicar en el exterior que España e Irlanda representan historias muy distintas. En primer lugar, porque el tamaño de la burbuja y por tanto de los balances de los bancos era mucho mayor en Irlanda. Éstos llegaron a alcanzar un volumen doméstico de siete veces el PIB del país. En cambio, en España los bancos acumulan en sus libros unas tres veces el PIB del país si sólo se tiene en cuenta su negocio nacional y cuatro veces el PIB si se incluye además la actividad en el extranjero. Unos niveles que sitúan a nuestro sistema financiero entre los más pequeños de Europa con relación al PIB, precisamente a la par que los germanos.
Por un lado, los irlandeses vivieron una subida de precios y una oferta inmobiliaria considerablemente más inflada. Por otro, las autoridades celtas permitieron a sus entidades practicar la llamada banca en la sombra, es decir, invertir con vehículos fuera de los balances, justo lo que les posibilitó endeudarse sin control y por consiguiente engordar aún más los riesgos. Algo que aquí no se dejó hacer a los bancos, que concentran su labor en la banca comercial y no la de inversión.
En Irlanda, se constituyó un banco malo que compró los activos inmobiliarios de las entidades a un 60 por ciento de descuento. Tomaron propiedades de los bancos valoradas en los libros por unos 74.000 millones a cambio de 32.000 millones en bonos. Ese agujero aflorado hundió a la banca, asustó a los inversores y obligó al Gobierno a elevar el déficit para recapitalizar a las entidades desde un entorno del 10 por ciento hasta un exorbitante 30 por ciento. Al final, el Ejecutivo se vio obligado a pedir un rescate a la UE y el FMI de casi 70.000 millones. Hasta el momento, la crisis financiera irlandesa ha costado el 35 por ciento del PIB, el récord de la historia y muy por encima del 14 por ciento del PIB que costó en Japón.
Sólo tres bancos de los nacionalizados -el Anglo Irish Bank, el Allied Irish Bank y el Bank of Ireland- ya abarcaban un 300 por ciento del PIB del país; mientras que en España nuestras tres principales entidades -Santander, BBVA y La Caixa- superan la media de solvencia la banca europea, aunque justo ahora estén sufriendo el castigo en los mercados interbancarios por cargar con el riesgo de España. Además, Santander y BBVA están más diversificados geográficamente.
En Bruselas, miembros del PP recuerdan que los colchones de capital de nuestros bancos eran los mayores al inicio de la crisis y que se han estado provisionando pérdidas de un modo gradual.
Los populares quieren evitar como sea el uso de recursos europeos debido al estigma que implicaría, tal y como se ha comprobado en los casos de Grecia y Portugal, en los que los inversores privados huyeron por la ventana en cuanto vieron entrar a los bomberos de la UE, el BCE y el FMI.
Por esta razón, incluso se ha sugerido un cambio en la legislación de los mecanismo de salvamento de la UE con el fin de que una entidad pueda por sí sola acudir a los fondos europeos en lugar de que el Estado tenga que solicitarlo para luego inyectarlo en la banca. De esta forma se intentaría alejar el estigma. Sin embargo, algunas autoridades europeas consideran que los mercados no diferenciarían entre un supuesto y otro, de modo que se están barajando otras opciones.
El primer ministro italiano, Mario Monti, ha propuesto a Hollande y Merkel que se constituya un fondo de garantía de depósitos paneuropeo para evitar más pánicos bancarios como el de Grecia. El francés ha apoyado la medida y la alemana ha respondido que lo estudiará. Por el momento, los Gobiernos están intercambiando borradores.
Merkel está también valorando qué condiciones va a imponer a la periferia europea a cambio de su respaldo en el ahora bautizado como plan para el crecimiento. Como parte de este programa, la canciller se plantea fomentar que las compañías alemanas inviertan más en el sur de Europa. Pero antes quiere establecer unas condiciones más favorables para sus empresas, entre las que se incluirían los minijobs, exenciones fiscales y que se asegure el pago a tiempo por parte de las Administraciones. Estas sociedades podrían beneficiarse de la financiación europea bien vía Banco Europeo de Inversiones, bien a través de los bonos que se emitirán para proyectos específicos.
