Media docena de exdirectivos y exconsejeros del Banco Popular han sido citados a declarar a comienzos de febrero de 2020 como investigados en la causa que trata de aclarar si hubo alguna irregularidad en la entidad antes de su liquidación, entre ellos el ex director financiero Javier Moreno.
Tras el paso por la Audiencia Nacional del expresidente del banco Emilio Saracho los pasados 2 y 3 de octubre, este martes y miércoles será el turno del exvicepresidente del consejo Roberto Higuera, al que seguirá el ex consejero delegado Francisco Gómez los días 15 y 16 de este mes.
A finales de octubre, el 30 y el 31, tendrá que comparecer ante el titular del juzgado central de Instrucción número 4 el expresidente del Popular Ángel Ron, mientras que en noviembre acudirá el que fuera principal accionista de la entidad, el magnate mexicano Antonio del Valle.
Ya en 2020, el 4 de febrero, el juez José Luis Calama tomará declaración al exdirector financiero Javier Moreno, al consejero independiente y vocal de las comisiones de auditoría y de riesgos Vitalino Nafría, y al representante de Crédit Mutuel François Martin.
Un día después están citados el consejero dominical y primo de Del Valle, al que sustituyó cuando este dejó el consejo, Jaime Ruiz Sacristán; el consejero coordinador Luis Herrando Prat de la Riba, y el consejero independiente Carlos González Fernández, como consta en la providencia conocida este lunes.
Las dos piezas del caso
El caso, iniciado en octubre de 2017, consta de dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016, durante el mandato de Ron, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones, con Saracho en la presidencia.
Excúpulas al margen, la causa también se dirige contra el resto de integrantes de los dos últimos consejos de administración, la firma PwC y el socio auditor de las cuentas del Popular, que deberán declarar igualmente ante el magistrado por supuesta falsedad societaria y administración desleal, entre otros delitos.
