Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha empezado del todo a andar, los partidos que le encubraron a La Moncloa ya están intentando cobrarse el apoyo. Podemos ha pedido al PSOE que lleve al primer Consejo de Ministros la derogación definitiva de la reforma de pensiones del año 2013 y la ampliación del permiso por paternidad a 16 semanas. Vamos, que Sánchez no ha cumplido ni una semana como presidente y Podemos ya quiere que desembolse 3.000 millones este mismo año y 30.000 millones más de media cada ejercicio a largo plazo.
Subir las pensiones en línea con el IPC costará 1.500 millones, como ya había pactado el PP con PNV. Y ampliar el permiso por paternidad a 16 semanas costaría otros 1.400 millones. Es decir, casi 3.000 millones que habría que gastar este mismo año y que Podemos quiere cargar al Fondo de Contingencia, diseñado para hacer frente a los imprevistos que puedan ir surgiendo a lo largo del año. El problema es que la dotación del Fondo ni siquiera llega a 3.000 millones.
Pero no acaba ahí la cosa, Podemos también quiere que el nuevo Gobierno entierre definitivamente la reforma de pensiones del año 2013, que incluía el nuevo índice de revalorización (IRP) y el factor de sostenibilidad, el elemento corrector que iba a vincular las pensiones a la esperanza de vida. Lo cierto es que el propio PP dio una patada hacia adelante a su reforma para salvar los Presupuestos, aunque solo pospuso su aplicación.
Un coste inasumible
Lo que quiere Podemos es que se derogue directamente. Y eso, según los expertos, tendría un coste muy alto para la Seguridad Social. Por ejemplo, la Fundación de Economía Aplicada (Fedea) hizo público hace unos meses un amplio informe sobre la salud financiera del sistema en el que advertía de que eliminar completamente esta reforma tendría un coste medio anual durante las próximas cuatro décadas de tres puntos de PIB. Esto eso, 30.000 euros de media al año.
Lo cierto es que la cifra es muy abultada, pero no hay que olvidar que el coste anual de cada subida de pensiones se consolida en el sistema y va creciendo como una bola de nieve según van pasando los años. Por eso, BBVA Research ya dijo que solo las subidas de 2018 y 2019 podrían costar 40.000 millones a largo plazo. Fedea calcula que esas subidas en línea con el IPC se mantienen cada ejercicio durante décadas, lo que supondría un gasto insostenible para el sistema.
Otro informe de la Universidad de Valencia advierte el incremento de la deuda que provocaría volver al IPC
De ahí que las cifras de Fedea sean tan catastrofistas. No son las únicas. La Universidad de Valencia publicó otro informe este mes de febrero en el que también advertía del riesgo de volver a vincular las pensiones al IPC. Para hacer el ejercicio, simulaba un IPC constante del 1,8% que provocaría un déficit persistente en la Seguridad Social, con un efecto en forma de endeudamiento de un 30% del PIB de deuda acumulada al final del periodo de estimación (2038).
La Universidad hizo también otro ejercicio considerando la diferencia entre el valor del IPC y el valor del IRP como gasto no contributivo y barajando la posibilidad de que se financie con impuestos. En este caso, la presión fiscal adicional sería creciente, hasta suponer el 2,6% del PIB al final del periodo. Es decir, que habría que hacer una fuerte subida de impuestos para poder financiarlo.
Lo cierto es que todos los escenarios son duros para el maltrecho sistema de pensiones, que cerró 2017 con un desfase récord de 18.000 millones. La paralización de la reforma, que parece más cerca que nunca tras el triunfo del PSOE, volverá a abrir el debate sobre la sostenibilidad del sistema, que muchos expertos daban por zanjado con las reformas de 2011 y 2013.
