Nuevo revés al concurso público que servirá para elegir al próximo presidente de Radiotelevisión Española. Varios miembros del Comité de Expertos que se encarga desde hace unas semanas de seleccionar a los candidatos más aptos para ocupar este puesto debatirá en su próxima reunión, dentro de unas horas, sobre la posibilidad de hacer pública una declaración para denunciar las irregularidades que han acompañado a este procedimiento desde el principio, según ha podido saber Vozpópuli a través de fuentes de este órgano.
La intención de quienes impulsarán esta declaración es la de reclamar "seriedad" y "seguridad jurídica" para con el concurso, que se ha realizado de forma "apresurada" y que está sostenido por un reglamento que tiene algunos errores importantes, que podrían dar lugar a futuros recursos en los tribunales.
Los miembros del Comité que plantearán este debate también reclamarán apoyo al Parlamento en su labor, que -recuerdan- no está remunerada y que implicará evaluar más de 90 candidaturas, con otros tantos proyectos de gestión. Lo harán -inciden- a partir de un baremo que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y sin conocer la identidad de los autores de cada uno de los citados proyectos.
La cuestión que se plantea, en este sentido, es si los impulsores de esta iniciativa obtendrán el apoyo de la mayoría de los vocales. Principalmente, porque será impulsada por los miembros designados por los partidos progresistas del Congreso y ha provocado desconfianza entre los que fueron nombrados por el PP, que lo consideran como una maniobra meramente política para restar legitimidad al procedimiento. En cualquier caso, los 'expertos' consultados por este período apuntan a que el concurso tiene algunos fallos jurídicos importantes.
Un concurso bajo la sombra de la duda
Sin ir más lejos, hace una semana, las Mesas del Congreso y el Senado reconocieron la admisión de la candidatura de José Manuel Peñalosa -exdiputado del PP-, pese a haber sido rechazada en un primer momento porque el aspirante no disponía de la titulación necesaria para participar en el concurso.
He aquí otro de los puntos del reglamento del procedimiento que ha sido cuestionado, dado que exige a los postulantes poseer una titulación superior para poder optar al Consejo de Administración de RTVE, mientras que la ley permite la posibilidad de acceder a este órgano pese a no haber pasado por la universidad, siempre que se tenga “reconocida competencia” y una experiencia “no inferior a cinco años en funciones de administración, alta dirección, control o asesoramiento (…) en entidades públicas”. Fuentes jurídicas insisten en que un reglamento nunca puede prevalecer sobre una ley.
Pero aún hay más ejemplos. Este martes, el BOE publicaba una relación provisional de los 92 candidatos admitidos en el proceso, que databa del día 6 de septiembre y en la que Peñalosa todavía figuraba como excluido (aunque no lo está desde el día 11). Pues bien, el anuncio oficial abría un plazo de una semana para que los aspirantes modifiquen los proyectos de gestión que habían presentado en el Congreso, dado que uno de los postulantes tuvo acceso a información privilegiada durante el proceso.
Esto se explica porque el baremo con el que se puntuará a estos proyectos se determinó después de que se cerrara el plazo para presentar las candidaturas. Posteriormente, se abrió un plazo para subsanar errores en el que uno de los aspirantes presentó su proyecto gestión, por lo que conocía -al contrario que el resto- los criterios que iba a utilizar el Comité de Expertos para evaluar los proyectos.
Según publicaba este miércoles Vertele, este candidato alegó que su proyecto -remitido por correo- se había perdido de camino al Congreso a los Diputados, por lo que, al comunicar la circunstancia, la Mesa de la Comisión Mixta de RTVE decidió concederle una semana extraordinaria de plazo para que lo volviera a remitir. Por esta razón, y para evitar futuras impugnaciones, ha decidido conceder 7 días extraordinarios al resto de los aspirantes para modificar sus proyectos, si así lo desean.
Por todas estas razones, varios de los miembros del Comité de Expertos propondrán en la próxima reunión que mantendrán la realización de una declaración para evitar que su labor quede manchada por las irregularidades del proceso.
Este Comité está conformado por Andrés Martín Velasco, Manuel Diego Carcedo, Enrique Bustamante Rodríguez, Isabel Fernández Alonso, Enric Marín Otto, Estefanía Jiménez Iglesias, Antonio Folguera Amorós, José María Noguerol Fernández, Isabel Tajahuerce Ángel, Josep Lluis Micó Sanz, Carmen Caffarel Serra, Francisco Sierra Caballero, Sandra Fernández Hernández, Mauricio Fernández Martín, María José Bernal Moreno, Jesús María Mellado Morales y Juan Roldán Corres.
