La subida 'extra' del 1,5% que abonará el Gobierno a los funcionarios este año servirá para cubrir el sobrecoste al que han hecho frente los hogares, de media, en el supermercado a lo largo del año. Según lo pactado entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos, los empleados públicos recibirán unos 500 euros adicionales antes de que acabe el año para aliviar la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la inflación, una cifra muy similar al sobrecoste al que habrán hecho frente los hogares en el súper cuando acabe el año.

Por un lado, los últimos datos salariales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan el salario medio de los funcionarios en los 2.885 euros mensuales. El INE calcula el salario mensual dividiendo por doce el total salarial percibido en el año, con lo que se prorratean los pagos salariales que no tienen periodicidad mensual (entre otros, las pagas extraordinarias).

Por tanto, el salario medio anual de los empleados públicos asciende a los 34.600 euros, y si a esta cuantía se le aplica la subida del 1,5% que ha acordado el Gobierno con los representantes sindicales, la paga extra que recibirán a final de año los trabajadores rondará, de media, los 520 euros.

Por otro lado, según el INE, en 2021 el gasto medio de los hogares en alimentación y bebidas no alcohólicas ascendió a 4.806 euros al año. Es el mismo Instituto el que proporciona los datos de inflación desagregados por productos. En lo que va de año, la subida de precios que han afrontado los hogares en alimentación y bebidas no alcohólicas asciende al 9,8%. Esta cifra no es la variación anual del último mes, sino la media de las variaciones entre enero y agosto.

Si los supermercados mantienen o siguen subiendo sus precios y esta inflación media se mantiene en el conjunto de 2022, el sobrecoste ascenderá a 471 euros, una cifra muy similar a la subida salarial. La cifra resulta de aplicarse la subida del 9,8% sobre el nivel de gasto del año pasado en alimentación y bebidas no alcohólicas.

Subida general de precios

Los españoles sufren un encarecimiento general de los bienes y servicios. Una de las más importantes es la de los alimentos que consumen en el hogar, pero también es clave la subida de la energía y de la restauración, ocio y viajes. También han subido los precios de bienes duraderos como la vivienda o el mobiliario; y de servicios como el transporte, la sanidad y la educación.

Los hogares gastaron 29.244 euros de media en 2021 en todos estos bienes y servicios. Hay que tener en cuenta que ese año estuvo todavía marcado por la pandemia y este año las familias han podido contener el consumo para hacer frente a la inflación, pero este dato sirve para hacer una aproximación. Si se toma como base y se considera que el consumo se mantiene estable este año, la subida media del 9% en el IPC supondrá que los hogares pagarán 2.632 euros más por los mismos bienes y servicios.

Es decir, que pese a la subida salarial los trabajadores perderán capacidad de compra. El Estado ya aplicó una subida salarial a los funcionarios del 2% a principios de año, de la misma forma que el 2021 cerró el año con una inflación media del 3,1%. En este sentido, los empleados públicos denuncian que llevan años perdiendo poder adquisitivo, una situación que se ha agravado este año con el descontrol del IPC por la crisis energética y la guerra.

Base para el sector privado

El Gobierno ha acordado subir los salarios a los empleados públicos un 3,5% este año, otro 3,5% el próximo, y un 2,5% adicional en 2024. En total, una subida del 9,5% en tres años. A través de este pacto de rentas con los sindicatos, el Gobierno pretende servir de ejemplo al sector privado, forzando a los agentes sociales a acercar posturas en una negociación colectiva por los salarios que ya se da por rota.

El pasado miércoles UGT y CCOO reclamaron una subida salarial del 4,5% para este año a CEOE. También piden cláusulas de garantía salarial, una línea roja marcada por la patronal, que de momento ha bloqueado las conversaciones. Lo que acuerden los agentes sociales es relevante porque marcará la senda de las negociaciones de los convenios colectivos y de las empresas a nivel particular.

Así, el Ejecutivo quiere que patronal y sindicatos alcancen un acuerdo que se traslade a las empresas para impedir que la inflación se descontrole aún más y, lo que sería aún peor, que se prolongue en el tiempo. En definitiva, evitar los temidos efectos de segunda vuelta (una espiral inflacionista entre salarios y precios como la sufrida en la década de los 70). Además, de alcanzarse un acuerdo, también sortearía el otoño 'caliente' de movilizaciones con el que los sindicatos amenazan.

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