La factura energética en España se lleva el sueldo correspondiente a 38 días para las personas que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una situación que también sufren los trabajadores de otros 15 países europeos, según un estudio del Instituto Sindical Europeo (ETUI).
En España unos 9,5 millones de trabajadores ya tenían problemas para pagar las facturas de energía antes de que llegara la crisis energética, por lo que esas dificultades se han incrementado, teniendo en cuenta que en julio de este año los precios del gas y la electricidad subieron un 38% en toda Europa respecto a hace un año.
El estudio elaborado por el ETUI, un centro de investigación independiente de la Confederación Europea de Sindicatos, indica que en 16 estados miembros de la Unión Europea los trabajadores que ganan el salario mínimo tienen que reservar el equivalente a un mes de salario para la iluminación y calefacción del hogar, el doble que hace un año.
Además, el número de días que debe trabajar una persona que gana el salario mínimo para pagar su factura energética ha aumentado considerablemente en países como Estonia (26), Países Bajos (20), Chequia (17) o Letonia (16). "La crisis que enfrentan los trabajadores empeora debido a los nuevos aumentos en los precios de la energía y otras necesidades esenciales, como los alimentos", indica CCOO en un comunicado, en el que recuerda que los resultados de este estudio llegan antes de la reunión de emergencia del Consejo Europeo de Energía del próximo viernes, en el que se va a abordar la fuerte subida de los precios en el sector energético.
Desde la CES piden a los líderes europeos que actúen con decisión para poner fin a los aumentos insostenibles de los precios de la energía, y proponen aumentos salariales para cubrir los incrementos de la inflación y garantizar que los trabajadores reciban su parte justa de las ganancias de productividad.
También piden un tope en la cuantía de las facturas de energía y un impuesto sobre las ganancias excesivas de las empresas de energía; ayuda de emergencia dirigida a personas que luchan por pagar sus facturas de energía y prohibición de desconexiones, e inversiones para abordar las causas fundamentales de la crisis, como la inversión insuficiente en energía verde y las consecuencias de las privatizaciones.
