Cataluña registró en 2009 un superávit fiscal con el resto del Estado del 2,07 por ciento del PIB catalán, unos 4.015 millones, en lugar del déficit fiscal que anunció la Generalitat por valor de 16.409 millones, un 8,4 por ciento. Ésas son las conclusiones de uno de los estudios que publicará el lunes FAES a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
Escritos por insignes expertos en Hacienda Pública, los artículos argumentan que la situación fiscal de Cataluña, al contrario de lo que vende la Generalitat, no es especialmente llamativa en un sistema fiscal progresivo. Denuncian la contaminación política y que consistentemente se adoptan criterios y datos que no benefician a Cataluña.
También critican la falta de argumentación en contra de estas manipulaciones y que el mito del expolio fiscal se ha asentado en el imaginario catalán en gran medida debido a la ausencia de una respuesta fundada por parte de los partidos nacionales.
¿Déficit o superávit fiscal?
El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Pascual Fernández, analiza el estudio que empleó la Generalitat para cifrar el déficit fiscal en 16.000 millones y llega a la conclusión de que la forma de conducirla no es la correcta.
La metodología se reduce básicamente a dos enfoques: el del Flujo Monetario y el del Flujo Carga-Beneficio. En el del Flujo Monetario, los ingresos y los gastos se imputan donde ocurren. En el de Carga-Beneficio, por un lado los ingresos se imputan donde residen las personas que finalmente soportan la carga; y por otro los gastos se anotan al territorio al que pertenecen las personas que se benefician, al margen del territorio donde se puedan producir.
Los catalanes toman para llegar a los 16.000 millones el primero, el del Flujo Monetario. ¿Y qué implica esto? Pues en el caso del IVA, el consumidor que paga el impuesto al comprar el producto puede encontrarse en una localización distinta del domicilio fiscal de la empresa que lo declara. No obstante, con el método del Flujo monetario, el ingreso se contabiliza allá donde se declara. Así, tal y como reconoce la propia Generalitat, el IVA abonado por un ciudadano de Oviedo a un comercio de Mataró se imputaría a Cataluña.
Y algo similar ocurre con el impuesto de Sociedades: el ingreso de éste puede ocurrir en una ubicación, pero los accionistas, trabajadores y consumidores que al final soportan la carga fiscal pueden hallarse en otras.
Respecto al gasto, una compra de medicamentos puede haberse realizado en Madrid pero destinarla luego a otro lugar, verbigracia, Murcia. Con el Flujo Monetario este desembolso se apuntaría en Madrid, mientras que con el Flujo Beneficio se plasmaría en Murcia. Y eso se utiliza en los cálculos de la Generalitat para restar mucho peso al gasto del Estado en Cataluña.
Pese a todo, el informe de FAES señala que las cantidades barajadas por la Generalitat respecto a los ingresos no divergen mucho de lo razonable y que parecen coherentes con el tamaño y riqueza de la comunidad, la cual cuenta con una renta entre el 115 y el 116 por ciento de la media nacional desde 2006 a 2009, los años abarcados por el informe de la Generalitat.
Sin embargo, el artículo de FAES sí detecta numerosas irregularidades en el cálculo de los gastos, sobre todo porque al emplear el método del Flujo Monetario se minusvalora todo el gasto del Estado en el funcionamiento de los Ministerios, Justicia, Policía y seguridad ciudadana, Defensa, Exteriores, Investigación, servicios sociales e intereses de la deuda. Esta minusvaloración se sitúa en el entorno de los 4.000 millones.
Además, multitud de organismos públicos como la Agencia de Cooperación o el Instituto Cervantes no figuran como parte de los gastos catalanes. Como tampoco se contabilizan los ingresos que recibe Cataluña de la UE, la enajenación de inversiones reales o los ingresos patrimoniales. Por no hablar de lo difícil que resulta valorar las inversiones públicas.
Pascual Fernández sugiere que habría que distribuir algunas de estas partidas según la población o, incluso mejor, según la riqueza porque cuanto más actividad, más gestiones administrativas generan.
La tendencia que en realidad se deduce de los números es que los ingresos de la Generalitat caen al tiempo que los gastos del Estado se incrementan, y ese efecto se ha visto aún más acentuado durante la crisis, pues la recaudación se desploma y los gastos sociales y de la deuda se disparan.
Así que la Generalitat considera que hay que suprimir el efecto de la recesión económica en sus cuentas. Sus técnicos calculan que hay que neutralizar el déficit presupuestario del Estado y repartirlo ya entre las comunidades como un gasto más, lo que eleva significativamente los desembolsos de Cataluña y deja el déficit fiscal en los 16.000 millones.
Es decir, asumen que el déficit público se tendría que pagar con mayores aportaciones de las comunidades. Sin embargo, esa financiación la dio el mercado, sobre todo con fondos internacionales, y se abonará cuando se estime oportuno y con los ingresos que se consideren, normalmente del Estado central.
En definitiva, Pascual Fernández concluye que habría que recurrir al método del Flujo Carga-Beneficio y que éste, descontado el reparto del déficit entre las comunidades, arrojaría un superávit fiscal de 4.015 millones a favor de Cataluña en 2009.
De cisne negro a pollo del montón
Otra cosa que FAES pretende cuestionar en otro documento es la afirmación de los nacionalistas catalanes de que el déficit fiscal del Principado representa un hecho único, un cisne negro y, por tanto, un expolio fiscal sin precedentes. Dando por bueno el 8 por ciento de déficit fiscal que ofrece la Generalitat, el académico Ángel de la Fuente contesta que más bien es una cosa común, “un pollo del montón”.
Según De la Fuente, los datos que manejan los defensores de la anomalía catalana no suelen ser comparables. Por ejemplo, los datos de las regiones de Australia, Bélgica y Cánada siempre citados presentan numerosas diferencias metodológicas y problemas estadísticos. Y además todas éstas exhiben niveles de renta per cápita menores que los de Cataluña.
De modo que De la Fuente establece que los únicos homologables son los facilitados por Estados Unidos al recurrir a criterios de imputación similares a los que utiliza la Generalitat.
A los nacionalistas catalanes les gusta compararse con estados de EEUU como Connecticut empleando el déficit fiscal como porcentaje del PIB. Sin embargo, de este modo no se tiene en cuenta que el gasto estatal en EEUU es proporcionalmente mucho menor.
Así que parece más razonable medirlo por tasa de retorno por cada euro o dólar aportado de impuestos. Y ahí Cataluña queda en los mismos niveles que las áreas más ricas de EEUU.
El artículo 31.1 de la Constitución y el Pacto Fiscal
En otro paper para FAES, los académicos Juan José Rubio Guerrero y Santiago Álvarez García destacan que son los ciudadanos los que pagan impuestos y reciben los servicios. El artículo 31.1 establece que “todos contribuirán al sostenimiento de de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.
Es decir, es la capacidad de pago y no la residencia el factor que determina la carga tributaria. Y si un residente tiene que pagar más porque una comunidad aplica una tarifa más alta, esa recaudación se la lleva el gobierno autonómico. Asimismo, se resalta que muchos recursos se brindan al margen del modelo de financiación autonómica.
En opinión de estos expertos, la propuesta del Pacto fiscal disminuiría los recursos que aporta Cataluña y obligaría al resto a poner más. Todas podrían reclamar el mismo trato y entonces el Estado, falto de recursos, se tornaría inviable. Además, la fragmentación de las agencias tributarias no resultaría eficiente y empeoraría la lucha contra el fraude.
Para Rubio y Álvarez, lo sensato sería replantear el modelo dentro de la Constitución. Los catalanes se han sentido maltratados al terminar habitualmente por debajo de la media en la reasignación de fondos pese a que es uno de los territorios donde más se recauda.
Por lo que una posibilidad es que “el reparto de los fondos de solidaridad mantenga la posición relativa de cada autonomía en la financiación per cápita”. Otra opción según los autores sería el avance hacia el sistema federal, pues es compatible con la estructura económica de España y nuestro país ya es tan federal como Alemania o EEUU.
