Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) pisa fuerte en el pujante negocio del agua. La constructora que controla el magnate mexicano Carlos Slim ha obtenido la mejor puntuación en la licitación del servicio de agua potable y alcantarillado en San Javier (La Manga, Murcia), junto al Mar Menor, la gran concesión a concurso en el segmento valorada en cerca de 250 millones de euros.
La filial Aqualia aventaja en una carrera contra otras gigantes del sector, como Hidrogea (controlada por la francesa Veolia); Global Omnium; una UTE encabezada por la cotizada en el Ibex, Acciona; Aguas de San Javier; Facsa; Socamex y otra UTE, en este caso, liderada por Sacyr.
Con más de 7.200 millones de euros en obras hídricas en cartera en España, la división de agua de FCC ha obtenido la mejor puntuación del concurso dentro de la evaluación mediante juicios de valor, tanto en términos de innovación tecnológica como de organización, gestión y explotación -el aspecto más ponderado del concurso-, como así también en su propuesta en materia medioambiental, en especial, de control de vertidos.
Unos aspectos, estos últimos, de especial importancia política atendiendo al leit motiv del proyecto: la protección del Mar Menor de las filtraciones de agua dulce, además de las fugas al subsuelo, a lo largo de los 86 kilómetros de tuberías de La Manga. Ahora, resta la decisión final, que incluirá la valoración del canon ofrecido, el segundo aspecto con más ponderación por detrás del antes referido factor de la organización, gestión y explotación.
La privatización del servicio de agua de San Javier ha sido motivo de polémica política puertas adentro del ayuntamiento, con el Gobierno municipal del PP imponiéndolo con su mayoría de votos ante la abstención de Ciudadanos y Vox y la oposición del PSOE y Unidas Podemos
La privatización del servicio de agua de San Javier ha sido motivo de polémica política puertas adentro del ayuntamiento, con el Gobierno municipal del PP imponiéndolo con su mayoría de votos ante la abstención de Ciudadanos y Vox y la oposición del PSOE y Unidas Podemos. El nuevo contrato pondrá fin a la gestión municipal del agua, que el ayuntamiento asumió en 1994 y cesará el próximo mes de octubre.
La licitación ha pendido de un recurso especial de impugnación presentado por uno de los concejales socialistas del ayuntamiento, Pedro Jesús Martínez Górriz. Ha alegado la modificación en trámite inacabado de una ordenanza que afectaría a las tarifas del concesionario, por lo que los ofertantes no tendrán el conocimiento pleno de las condiciones de la licitación hasta una vez comenzada la inversión.
No obstante, el recurso fue finalmente desestimado toda vez que, a juicio del Tribunal, "los perjuicios que podrían derivarse para el recurrente de la suspensión del procedimiento son inferiores a los que se producirían al interés público si esta se concediera".
Inversión de al menos 33 millones junto al Mar Menor
La concesionaria tendrá que invertir un mínimo de 33 millones de euros en obras de infraestructura al tiempo que asumirá la explotación durante 20 años. El PP ha reivindicado que el modelo de concesión es la forma de conseguir la inversión necesaria para allanar, en un lapso de cuatro años, "el sistema más moderno y respetuoso con el medio ambiente y el Mar Menor".
El Gobierno municipal ha apostado por la gestión indirecta vía concesión tras un estudio de la Universidad Politécnica del Cartagena, que concluyó en 2021 que era la opción más favorable. Las nuevas infraestructuras evitarán fugas cuantificadas en más de 400.000 euros al año, según las mismas pesquisas de la UPC, al tiempo que las autoridades municipales han asegurado que no habrá impacto en el recibo de los usuarios.
