La Fiscalía considera que hay indicios de que antiguos directivos de DIA están detrás de la decisión de borrar a toda prisa las comunicaciones electrónicas y los documentos guardados en el ordenador del ex consejero delegado del grupo Ricardo Currás, lo que ha impedido acceder a esos registros. Así lo manifiesta el Ministerio Público en un informe al que ha tenido acceso este lunes Efe y que viene recogido en el auto de la Audiencia Nacional que cita a declarar a lo largo de esta semana a varias personas en calidad de testigos en el marco del procedimiento que investiga las irregularidades contables en DIA con Currás al frente de su cúpula.
El documento recuerda que no se han podido incorporar las comunicaciones entre Currás y el auditor KPMG debido a que fueron "borradas y eliminadas de los dispositivos electrónicos que DIA puso a su disposición para el desarrollo de sus funciones".
En este sentido, explica que la norma interna de la empresa era eliminar de los servidores la copia de seguridad de dicho correo una vez transcurrido un mes desde la baja del directivo o empleado, y siempre que no se solicitara expresamente por la dirección que se dejara de hacer o que no existiera en ese momento una investigación en curso.
Sin embargo, en este caso "la salida de Currás fue el 24 de agosto, por lo cual no se debió de borrar el día 16 de septiembre ni de los servidores de la compañía ni mucho menos de su ordenador portátil" toda la información correspondiente. "Tal hecho no ha podido ser explicado ni por DIA ni por el responsable de seguridad de la información (en cuanto a quién dio la orden para que no se respetase el mes)", según advierte la Fiscalía.
El borrado es "más que significativo"
De hecho, subraya que el borrado es "más que significativo" debido a que nada más salir Currás y ser sustituido por Antonio Coto, el mismo 24 de agosto, este ordenó realizar un pronóstico de ventas "ajustado a la realidad" debido a las dudas sobre las cuentas. La Fiscalía por el momento considera que la calificación jurídica de DIA en el caso debe ser la de posible responsable civil subsidiario, y rechaza calificarlo como imputado ni como perjudicado.
Además, también apoya el traslado de "todo lo relativo a la presunta falsedad de cuentas en DIA Brasil" a las autoridades de aquel país para que la investigación sea "más ágil". El Ministerio Público ya solicitó igualmente que declaren como investigados todos los miembros de la comisión de Auditoría y Cumplimiento de DIA entre 2016 y 2017, una petición autorizada por la Audiencia Nacional.
Por este motivo, Borja de la Cierva (antiguo consejero delegado), Richard Golding, Juan María Nin, María Luisa Garaña y Julián Diaz ya han sido llamados ante el juez. Otro exconsejero de DIA que ha pasado a considerarse investigado (antigua figura del imputado) es Miguel Ángel Peinado, responsable de la investigación interna iniciada en 2019 junto con EY y al que la Fiscalía acusa veladamente de que tenía el interés "a tenor de sus preguntas de exonerar de cualquier tipo de responsabilidad a los miembros del consejo de administración". También se amplía la cifra de investigados que trabajaban para el auditor KPMG, ya que a Carlos Peregrina se ha sumado a María Lacarra.
Desde finales de la semana pasada y hasta el miércoles 21, está prevista la comparecencia como testigos del ex consejero delegado Antonio Coto, de directivos como Etienne Coste de Bagneux (Gestión de control), Fernando Trasobares (Alianzas Internacionales) y Concepción Bravo (Recursos Humanos), así como del autor del informe sobre las irregularidades de DIA de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Eduardo Manso. La Audiencia escuchará además estos días a representantes de proveedores de la cadena de supermercados como Conservas Helios, Font Salem, Juver, Codan y Jabonera Lina en el marco de un proceso que todavía está en fase de instrucción.
