El Gobierno va a tener que endeudarse para pagar los más de 1.351 millones de euros que hay que entregar a Santander, Caixabank y Bankia por la financiación del fallido almacén de gas Castor.
El Ejecutivo reconoce que el Fondo de Contingencia está seco tras dos años de pandemia y que no puede disponer del mismo para pagar la factura multimillonaria debida a las entidades financieras.
El Fondo de Contingencia forma parte de los presupuestos generales del Estado, y se destina a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional para las que no se hiciera en todo o en parte, la adecuada dotación de crédito.
Se trata de la mayor cantidad ante la que tenga que responder el Estado por responsabilidad patrimonial, tras el caso del aceite de colza
"Para la obtención de la financiación necesaria para atender a su pago, dado el elevado importe fijado en la sentencia y las necesidades que el Estado ha tenido que afrontar para paliar los efectos económicos, sociales y sanitarios provocados por el COVID-19, se hace necesario acudir en parte al endeudamiento al no disponer el Fondo de Contingencia de recursos suficientes para financiarlo", explica el Gobierno en la Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias, firmada por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Tribunal Supremo reconoció en 2020 el derecho de Santander, CaixaBank y Bankia, a ser indemnizados por el Estado con 1.350,729 millones de euros. Dicha cuantía la adelantaron las tres entidades a Enagas para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor.
A dicha cantidad hay que añadir los intereses compensatorios desde la fecha de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia, además de intereses.
El crédito al Gobierno para pagar el Castor se financiará dndo de baja otros créditos del Presupuesto del Estado
La ejecución de la citada sentencia se llevará a cabo por el Ministerio de Hacienda al que, para poder proceder al pago de la misma, se le concede una ampliación del crédito destinado al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
El Gobierno explica que, al objeto de proceder al pago de la ejecución de la citada sentencia, "se concede una ampliación de crédito por importe de 638 millones de euros (...)". Esta ampliación de crédito se financiará con cargo a deuda pública.
Este crédito se ampliará hasta el importe total de la sentencia, financiándose su importe con baja en otros créditos del presupuesto del Estado.
Las entidades financieras se hicieron cargo de ese pago al grupo ACS cuando el almacén de gas Castor fue cancelado, después de que se registraran cientos de microseísmos en la costa mediterránea.
De acuerdo a expertos en la materia, los 1.350 millones que tiene que pagar ahora el Ejecutivo a los tres bancos -700 millones para Santander, 400 millones para CaixaBank, 200 millones para Bankia– suponen posiblemente la mayor cantidad ante la que tenga que responder el Estado por responsabilidad patrimonial, después del caso del aceite de colza (que requirió un desembolso de unos 2.500 millones de euros para indemnizar a las víctimas de la comercialización del producto).
