El grupo DIA, controlado por el inversor Mikhail Fridman a través de la sociedad LetterOne, se ha personado como parte perjudicada en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de la compañía liderada por Ricardo Currás, y ha contratado a Garrigues, el despacho de mayor facturación en España, para representarle.
Alejandro Abascal, juez de la Audiencia Nacional, ha imputado este mes a Currás, consejero delegado de DIA hasta agosto de 2018, junto a otros cuatro miembros de su cúpula directiva, y el auditor de KPMG, por presuntos delitos de administración desleal y falsedad contable.
El magistrado considera que las cuentas del ejercicio 2017 de la cadena de supermercados española ofrecía una imagen que no se correspondía con la real, y que Currás ideó una estrategia para maquillar la contabilidad del grupo.
En febrero de 2018 DIA reveló que investigaba a altos directivos del grupo en España y Brasil
El pasado año un grupo de accionistas representados por el despacho Demandas Colectivas presentó querella contra los anteriores consejos de administración de DIA.
En febrero de 2018 DIA reveló que había abierto una investigación sobre sus altos directivos en España y Brasil. Según detallaba la auditoría de la consultora KPMG, la compañía había encontrado indicios que ponen de relieve que se realizaron "prácticas contables irregulares". La empresa aseguró que había denunciado los hechos ante Fiscalía Anticorrupción y que había contratado a EY para elaborar una auditoría forense.
La compañía cesó a Ricardo Currás como consejero delegado en agosto de 2018 y nombró en su puesto a Antonio Coto, quien en diciembre de ese año fue relevado, siendo sustituido por Borja de la Cierva. Este último abandonó, junto con la mayoría de consejeros, su cargo en DIA después de que LetterOne se hiciera con el control de la compañía (en la actualidad posee el 74,8% del capital).
