Los empresarios se plantan ante las prisas de Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha reprobado al Ministerio de Trabajo que trate de imponer una de las medidas estrella de la legislatura sin negociarlo con la patronal.
“Se le llama diálogo social, pero es un monólogo social”, ha criticado sin ambages el presidente de la CEOE en su intervención de los cursos de verano organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), patrocinado por BBVA, en Santander.
El Gobierno quiere alcanzar un acuerdo con los empresarios y los sindicatos antes de septiembre para reducir la jornada laboral. Pero la intención clara de Trabajo pasa por recortar las 40 horas semanales de la actualidad a las 38,5 desde el 1 de enero de 2025. Ya en enero del 2026, el objetivo es reducir la jornada a 37,5 horas a la semana.
“No son las formas, es el fondo. Nuestra línea roja es que el Gobierno no me diga cuál es el final (de la negociación). Es como convocar un partido para perder 5-0 y con el árbitro vestido del equipo contrario”, se ha quejado el presidente de la patronal bancaria.
Antes de septiembre
El Ministerio de Trabajo pretende acelerar la negociación para la reducción de jornada y tiene intención de convocar la mesa tripartita de forma semanal después de que las conversaciones a dos bandas, entre sindicatos y empresarios, no hayan dado lugar a un acuerdo. “Un acuerdo es cuando lo firmamos las tres partes”, ha ahondado Garamendi.
"Echamos de menos los grandes pactos de Estado", ha lamentado el presidente de CEOE
En todo caso el presidente de la CEOE ha asumido que el Gobierno puede cambiar la ley sin acuerdo, aunque ha avanzado que la patronal dará la batalla y planteará modificar la jornada laboral si hay un cambio de inquilino en La Moncloa. “Esta medida va a afectar a las empresas familiares y autónomos”, ha advertido, al tiempo que no ha querido desvelar cuáles son las bases que los empresarios estarían dispuestos a aceptar.
Garamendi ha echado “de menos” los grandes pactos de Estado y ha reclamado “moderación y prudencia” para generar la confianza necesaria para atraer inversiones a España. “Hay que tener tranquilidad en el plano político y seguridad jurídica”, ha defendido.
