En el primer tercio de este año (de enero a abril), las autonomías gastaron 27.560 millones de euros en pagar las nóminas de sus empleados públicos, lo que supone un aumento del 8,3% frente al 4,9% en 2020 y del 6,6% en 2019. Se trata del mayor porcentaje en el mismo periodo desde 2008 (el alza fue del 12%) cuando la gran crisis económica comenzó a atizar al mercado laboral privado mientras que las nóminas del sector público crecían sin mesura convirtiendo a las Administraciones en un refugio en muchos casos de colocados de los partidos políticos y los sindicatos.
Este efecto se ha producido en todas las crisis económicas, y en los primeros atisbos de salida, aunque también ha influido ahora el repunte del necesario aumento del empleo sanitario para atajar la pandemia. Curiosamente el personal sanitario había sido hasta ahora el más denostado en el sector público tanto en los ajustes como en sus flexibles condiciones laborales o salariales, algo inaudito para el resto del personal del sector público.
En todo caso, según se observa en la estadística oficial, el incremento del empleo y de este gasto público también se ha producido en la mayoría de los servicios no esenciales, por ejemplo, en los servicios administrativos generales o en atender los asuntos económicos de la región. Por tanto, las CCAA (también el resto de Administraciones) no puede alardear de realizar la gestión de personal que procedería en cada momento, reasignando efectivos y puestos según las necesidades o reestructurando las plantillas para evitar que el gasto se dispare, como ha vuelto a ocurrir una vez más, incrementado el déficit y la deuda pública.
De esta forma, el gasto en personal público se ha convertido en una inmensa bola de nieve que impide que haya fondos para realizar otras políticas que activen la economía y el empleo del conjunto del país. Es decir, el sector público amplía su gasto estructural en nóminas cuando hay crisis, y también cuando se sale de ella, a pesar de la elevada inversión en procesos informáticos y tecnología.
El gasto en personal público se ha convertido en una inmensa bola de nieve que impide que haya fondos para realizar otras políticas que activen la economía y el empleo
En el primer trimestre de 2020, es decir, en el inicio de la pandemia se produjo una situación curiosa: las comunidades redujeron el número de empleados (10.000 menos) respecto al trimestre precedente. Pero, la cifra se ha incrementado según la EPA en 145.000 puestos en el último año.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) señala en su informe de liquidación presupuestaria hasta abril que el aumento en 2.114 millones (ese 8,3%) del gasto en las nóminas de las regiones se debe, además de una subida salarial del 0,9%, al aumento de personal en sanidad y educación sobre todo a partir de septiembre y octubre de 2020. Pero, también reconoce el crecimiento de otros efectivos ajenos a este servicio esencial. Por tanto, de mantenerse este rebrote, las autonomías pueden acabar el año con un récord en el gasto de personal cercano a 95.000 millones (frente a los 87.010 millones en 2020 o los 81.953 millones en 2019), es decir, un 48% más que en el inicio de la gran crisis económica.
El récord será también de empleados ya que la EPA del segundo trimestre, cuyos datos se conocerán a finales de este mes, incrementará la cifra de funcionarios autonómicos por encima de los dos millones. El primer trimestre concluyó con 1.989.200 (unos 400.000 más que en 2008).
Da lo mismo la ideología de quienes gobiernan a la hora de incrementar el gasto de las nóminas. Madrid es la comunidad en que más crece el coste de personal (12,3% frente al 2,2% en 2020) en este periodo. Le sigue la Comunidad Valenciana (11% frente al 3%); Canarias (10,3% frente al 8,1%); Murcia (9,8% frente al 0,5%); Baleares (9,4% frente al 2,9%); y, por ejemplo, Andalucía registra un incremento del 9,3% frente al 9,4% del año anterior.
¿Qué autonomías gastan más en personal? Aunque la sanidad y la educación siguen siendo las partidas más elevadas de las CCAA, porque son las dos principales transferencias del Estado y las más intensivas en mano de obra, resulta llamativo el aumento del gasto de otras funciones ajenas a estos servicios. En todo caso, que la sanidad no ha influido en gran medida en el aumento de gasto de personal lo demuestra el dato de que en 2019, antes de la pandemia, el coste de los sanitarios representaba el 39,7% del gasto total en nóminas de las comunidades y en lo que va de año alcanza el 41,5% del total. Es decir, ha crecido en 1,8 puntos a pesar de la peor crisis en la salud registrada en España en muchos años y de la actualización de salarios por encima del IPC.
En porcentaje, Baleares es quien más gasta en nóminas sanitarias (según los datos de la IGAE de 2019, los últimos que se conocen detallados) ya que emplea el 44,7% de todo el coste en personal de la comunidad. Mientras, Canarias alcanza el 44,5% y Castilla y León el 44,4%. En sentido contrario, Cataluña es la que dedica menos presupuesto ya que se el gasto en empleo sanitario se queda en el 33,6% de su coste total en personal. Algo similar a todo esto ha ocurrido con la educación, acapara el 43% de los gastos total de personal.
En todo caso, el mayor crecimiento de los costes de personal de las autonomías hay que achacárselo a otras partidas que se dedican a prestar unos servicios que ya realiza la Administración estatal. Es evidente que la mayoría de estas partidas sólo sirven de reclamo político porque parecen destinadas a conseguir votos. Por ejemplo, llama la atención los gastos de personal de los servicios generales que incluye a las nóminas de los cargos políticos y asesores. Se acercan a los 3.500 millones anuales y representan el 4,2% de todos los gastos de personal.
Destacan también: los casi 4.200 millones que destinan las CCAA a mantener el orden público y la seguridad (es el 5% del gasto total en nóminas) con policía propia en algunos casos; o los 4.500 millones empleados para asuntos económicos (alcanza el 5,4% del coste de personal total); o los casi 2.700 millones destinados a proteger el medio ambiente, la vivienda y atender el ocio, la cultura y la religión (suman casi otro 4,5% del coste del personal total); o los 2.300 millones para pagar a los empleados que atienden la protección social cuando existen varias sentencias que mantienen que las regiones no pueden tener su propio sistema de protección ajeno al general del Estado y, por otra parte, la gestión de la Ley de Dependencia es una inmenso desierto.
En su conjunto, a estas políticas se destinaron por tanto en ese año más de 17.000 millones, es decir, más del 21% del gasto total de personal, que bien podría replantearse para incrementar el gasto de los servicios que más demandan los ciudadanos sobre todo ahora, es decir, la sanidad y también la educación.
Destino del gasto en nóminas
Por comunidades y funciones, Navarra emplea casi el 7% de su gasto de personal en atender sus servicios generales (Administración). Por su parte, Asturias llega al 5,8% y Baleares y Cantabria alcanzan el 5%. Además, algunas regiones han creado cuerpos policiales propios, coincidiendo también con los del Estado, presupuestando una parte sustancial de su gasto en funcionarios.
Así, llama la atención que Cataluña dedique el 14% de su coste de personal a pagar las nóminas de los Mossos D’ Escuadra (más de 1.800 millones). Esta cifra representa el 42% del gasto destinado a pagar las nóminas totales de la salud pública catalana. Mientras, el País Vasco emplea el 11,4% (616 millones, es decir, casi un 30% de la cantidad destinada a los profesionales sanitarios) para pagar a su policía autonómica (Ertzaina) y Navarra utiliza casi un 8% (120 millones, es decir, una quinta parte de la cifra de gasto destinado a personal sanitario) para atender las nóminas de su Policía Foral.
De esta forma, sale que el 78% del gasto total de las autonomías destinado a mantener el orden público y la seguridad es para pagar nóminas. Además, Extremadura dedica el 8,3% de su presupuesto en personal (211 millones) a atender los asuntos económico de la región mientras que Aragón alcanza el 8,3% (223 millones) y Castilla y León llega al 7% (218 millones). Y, por ejemplo, Cantabria se gasta el 3,2% de su presupuesto para nóminas en pagar a fin de mes a los funcionarios destinados a proteger el medio ambiente y, por ejemplo, Extremadura emplea más de un 6% de su gasto en personal en atender las nóminas de sus empleados ubicados en los servicios de protección social.
Es evidente que aún existe un cierto margen para priorizar unos servicios públicos sobre otros para atender las demandas que surgen de la ciudadanía y que no se puede sumar más gasto estructural al existente cuando cambia el signo económico o se produce una crisis sanitaria sin al menos plantearse una reestructuración o reubicación de efectivos y de costes. La reforma de las Administraciones Públicas sigue siendo otra de las asignaturas pendientes de la que siempre huyen los partidos políticos.
