La Generalitat de Cataluña presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la aprobación por parte del Gobierno central del Real Decreto que regulaba el nuevo bono social eléctrico. El hecho no resulta llamativo por tratarse de una Administración Pública (no fue el primer recurso que llegó de una de ellas) sino porque el Gobierno autonómico se encuentra, teóricamente, bajo el control de Moncloa desde mediados del pasado mes de octubre, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución como consecuencia de los acontecimientos en torno al proceso soberanista en Cataluña.
Tal y como se esperaba, el Real Decreto, publicado a comienzos de ese mismo mes, ha tenido una amplia contestación, especialmente en el ámbito del sector eléctrico, como ya ocurriera con las dos anteriores normativas que regulaban las ayudas a los consumidores vulnerables. Las grandes eléctricas y también algunas de las pequeñas comercializadoras argumentan que esas ayudas no deben ser costeadas por ellas, como contempla la norma, sino que tendrían que salir de los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, la sorpresa ha llegado por el hecho de que uno de los últimos recursos que han llegado contra este Real Decreto, ya admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha sido interpuesto por la Generalitat de Cataluña, una Administración intervenida por el propio Gobierno central que aprobó la normativa sobre el bono social. Una especie de Moncloa contra sí misma.
Con todo, el Gobierno central y la Generalitat mantenían desde hacía tiempo una batalla precisamente en materia de vulnerabilidad energética. El Ejecutivo de Rajoy llevó en su día ante el Supremo la regulación autonómica sobre este punto que diseño por su cuenta la Generalitat, bastante antes del desenlace final del proceso soberanista, y que sumió en una gran confusión a las compañías eléctricas que operan en Cataluña.
Colau como avanzadilla
De este modo, no era descartable que el Gobierno autonómico catalán quisiera devolverle la pelota a Moncloa y sumarse a los más de veinte recursos que acumula el Real Decreto que regula el bono social eléctrico y la figura del consumidor vulnerable. Lo que sí resulta especialmente llamativo es que se haya producido después de la aplicación del artículo 155, que no ha impedido que el recurso siguiera adelante y haya sido admitido a trámite.
Anteriormente, otras dos administraciones habían recurrido también el Real Decreto. Una de ellas fue el Ayuntamiento de Barcelona, que incluso lo anunció públicamente a finales de octubre, en una rueda de prensa tras la reunión semanal de su junta de gobierno. El consistorio liderado por Ada Colau justificó su actuación contra la norma aprobada por el Gobierno central al considerarla insuficiente para la protección del consumidor vulnerable.
La otra Administración Pública que ha recurrido el Real Decreto ha sido la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE con el apoyo de Podemos hasta finales del pasado verano, cuando esta última formación decidió romper el acuerdo de investidura que permite gobernar en la Comunidad al socialista Emilio García-Page.
Junto a ellas, grandes comercializadoras eléctricas como Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Viesgo, además de Unesa (la patronal del sector) y algunas de las pequeñas como Excelsior, Nexus, Som Energía y Clidom.
