El momento de la jubilación es uno de los más ansiados por millones de trabajadores en toda España. Actualmente, para poder acceder a ella la edad se sitúa en 67 años, aunque muchas veces las cuantías son escasas y miles de asalariados se ven obligados a continuar con sus labores u optar por la jubilación flexible. De igual manera, y según se acerca este momento, con el paso de los años los pactos de despidos entre empresas y trabajadores han aumentado significativamente, algo de lo que se ha percatado el Ministerio de Trabajo y que trata de frenar. Pero, ¿en qué consisten estos tratos entre empresa y asalariado?
No todos los despidos son negativos. Los abogados laboristas hablan de un incremento notorio de los despidos pactados, acordados para beneficiar a ambas partes. Mientras que la empresa ahorra dinero y tiene la posibilidad de contratar a personal más joven con un menor salario, el trabajador se ahorra los últimos meses de cara a jubilación, a la vez que recibe su correspondiente indemnización por despido.
Hasta 180.000 euros
Se trata de simular un cese improcedente, pero es necesario tener en cuenta todas las claves para que el resultado sea beneficioso. El imprescindible se encuentra en las cuantías: el despido no tributa siempre y cuando se encuentre por debajo de los 180.000 euros. Además, el cese permite al trabajador cobrar el desempleo durante dos años, horquilla de tiempo nada despreciable que en muchas ocasiones puede permitirle encadenarlo directamente con la jubilación.
Ante esta situación, el ministerio de Yolanda Díaz trata de frenar la tendencia con un aumento de inspecciones en estos grupos y empresas, y lo cierto es que no sale nada barato cometer esta ilegalidad en el caso de ser detectada: las sanciones son elevadas, y van desde los 7.501 hasta los 225.018 euros. Además, la empresa está obligada a responder directamente de la devolución de las cantidades percibidas indebidamente por el trabajador.
Menos de 1.000 euros de pensión
Tras toda una vida de trabajo y esfuerzo, miles de pensiones resultan insuficientes, pero unos grupos de trabajadores se ven más afectados que otros. Este grupo es el de los autónomos, que en más del 65% de los casos cobran una pensión inferior a los 1.000 euros. Así lo afirman las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Seguridad Social -INSS-, a la vez que informan de que el 78,3% cobra una pensión inferior al salario mínimo interprofesional (1.134 euros). Únicamente el 4,39% de los autónomos cobra una pensión de jubilación de más de 2.000 euros mensuales y solo hay 4.796 pensiones de 3.175 euros brutos, la máxima.
