La demanda de la banca acreedora de la deuda del polémico proyecto de almacén de gas Castor contra el Estado ante el Tribunal Supremo le ha quitado un peso de encima al actual Gobierno que, con casi toda probabilidad, no tendrá que atajar el problema con una solución que, en cualquiera de los casos, no iba a beneficiar a su popularidad. Todo apunta a que el fin de la legislatura llegará antes del pronunciamiento del Alto Tribunal, ante el que Santander, Caixabank y Bankia reclaman al Estado el pago de más de 1.300 millones de euros procedentes de los derechos de cobro adquiridos en su día por las entidades y que quedó en suspenso por una sentencia del Tribunal Constitucional.
La próxima semana se cumplirá un año desde que el Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, conoció oficialmente este fallo, que ordenaba al Estado a suspender los pagos de la deuda al invalidar el procedimiento de urgencia con el que se decretó el rescate de la concesión del Castor a Escal, sociedad participada mayoritariamente por ACS. Apenas unos días después de esa notificación oficial, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, pronosticó en una comparecencia en sede parlamentaria que este asunto derivaría en una notable "litigiosidad".
En realidad, aquel Ejecutivo se encontraba en una situación muy similar al actual: se veía obligado a tomar medidas para solventar el problema que se había generado al tener que suspender los pagos de la deuda, esto es, el perjuicio a los acreedores, afectados por la sentencia del Constitucional pero sin tener participación alguna (ni, por lo tanto culpa), en el proceso.
Las conversaciones con las entidades financieras para tratar de alcanzar algún acuerdo no se prolongaron durante demasiado tiempo, pese a que la banca disponía de un año para realizar algún tipo de reclamación. Probada quedó la poca disposición del Ejecutivo a encontrar una posible solución que le generaría más de un nuevo problema, como cuando decidió cargar el coste de la deuda al sistema, de forma que la factura del Castor fuera costeada por los consumidores de gas.
Los tribunales, un último recurso
Con el nuevo Gobierno las cosas no han funcionado de forma muy diferente. Tras la llegada por sorpresa de Pedro Sánchez a la Moncloa, la banca dio una tregua al Ejecutivo recién llegado en busca de una posible solución que no implicara judicializar aún más la situación.
Pero las entidades han encontrado una resistencia similar. El planteamiento del nuevo Ejecutivo no ha diferido mucho del anterior: una reclamación ante los tribunales le permite ganar tiempo y retrasar una decisión que en ningún caso le iba a favorecer.
En el lado opuesto, para la banca acudir al Supremo era el último de los escenarios contemplados, como prueba el hecho de que han apurado prácticamente los plazos para hacerlo. Las tres entidades ya acumulan un año sin percibir los derechos de cobro, que ascienden aproximadamente a 80 millones de euros por ejercicio y, teniendo en cuenta los tiempos que suele manejar el Supremo, ya se prepara para estar al menos otros 18 meses sin ver un solo euro por este concepto.
La implicación de la ministra Ribera
Además, tener que legislar sobre este asunto para el actual Gobierno tiene un punto añadido de dificultad, toda vez que la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, formaba parte de la Secretaría de Estado de Medioambiente del Ejecutivo que autorizó la concesión del almacén, cuya puesta en marcha generó más de un centenar de movimientos sísmicos en la costa de Castellón, cerca de la que está ubicado. Este hecho motivó su paralización y la posterior revocación de la concesión.
Escal recibió la compensación que contemplaba el decreto de concesión en tiempo récord, mediante una medida urgente que fue la que posteriormente tumbó el Constitucional. La deuda asociada a la concesión fue titulizada y los derechos de cobro adquiridos por la banca a petición del Gobierno de entonces.
