“La incertidumbre fiscal en España sigue, por lo tanto, algunos proyectos están paralizados”, explica a Vozpópuli un directivo del sector energético. Prefiere no desvelar la inversión ni el nombre de la empresa, porque ahora nadie quiere salir en la foto. Las grandes empresas están a la espera de que el Gobierno suavice el gravamen temporal a las empresas energéticas, también conocido como impuestazo.
Iberdrola, Repsol, Cepsa, Endesa o Naturgy tienen encima de la mesa proyectos de descarbonización como hidrógeno para sustituir el gas o desarrollo de almacenamiento ante el exceso de generación eléctrica donde "no salen los números con este escenario", señalan desde el sector. La subida de los tipos de interés y los niveles de deuda de estas empresas les obligan a buscar socios para poder financiar estos proyectos.
No obstante, la mejor decisión para aquellos donde no existe perspectiva de rentabilidad en el medio plazo es paralizarlos. Una posición que va en línea con la protesta del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en septiembre al ver que ese hachazo al 1,2% de su márgenes, que siempre había calificado como "injusto", iba a dejar de ser temporal e instalarse como permanente en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar. "La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España", explicaba.
Imaz lo denunció en público, y el resto del sector, en privado. Por ello, el Gobierno se comprometió a rebajar sus intenciones. En concreto, Teresa Ribera y María Jesús Montero llevaron a Pedro Sánchez a ceder ante las presiones políticas del PNV, que condicionó su respaldo a la investidura de Sánchez al maquillaje del impuestazo en favor de empresas clave en el País Vasco como es el caso de Iberdrola y Repsol.
La fórmula para agradar a las empresas y al PNV, según avanzó Vozpópuli, fue prorrogar este impuestazo incluyendo en el articulado del Decreto que los Presupuestos de 2024 incluirían bonificaciones para incentivar la reinversión verde. Y, como el adelanto electoral de Cataluña ha dejado al Gobierno sin Ley de Presupuestos para 2024, Ribera y Montero negocian otra vía para cumplir con su promesa.
El Gobierno se ha comprometido a convertir esta contribución extraordinaria de estos "beneficios caídos del cielo", que en el caso de las energéticas ronda los 1.600 millones al año, en incentivos para las nuevas inversiones en energía. Unas concesiones donde se tienen en cuenta los 200.000 millones de euros que necesita de inversión privada el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para descarbonizar España antes de 2030, el 85% del total depende de la inversión del sector energético.
Hacienda quiere convertir los impuestos a banca y energéticas, en realidad, prestaciones patrimoniales, en verdaderos impuestos en un proyecto de ley que se aprobaría a finales de año que los haría permanentes y en el que ahora intentará suavizar el de energéticas.
Las energéticas tienen oposición en el Gobierno
La incertidumbre sobre este compromiso también llega porque hay socios del Gobierno que públicamente se oponen a suavizar el impuesto. "No compartimos una rebaja fiscal al impuesto de las grandes energéticas, cuando estas empresas tienen beneficios mucho mayores en España que en el resto de Europa y la gente lo está pasando mal", comentaba la vicepresidenta y líder de sumar, Yolanda Díaz, tras conocerse esta intención.
"No estamos de acuerdo con el PSOE en que una fiscalidad justa y verde sea un problema para la inversión", aseguraba la vicepresidenta y líder de Sumar. Esta formación detalla en sus enmiendas a la tramitación de este Real Decreto-ley como proyecto de ley que con estos incentivos fiscales las grandes corporaciones pueden tributar una fracción "mínima" o incluso "ninguna" de su ganancia en concepto de impuestos, algo que a su juicio socava la integridad del sistema tributario e impide al Gobierno financiar de manera adecuada programas y servicios esenciales.
EH Bildu advierte en sus enmiendas que el impulso a los proyectos renovables "no debe suponer" una minoración del impuesto. Una postura similar a la que defiende ERC, que asegura que una aplicación de un incentivo a las empresas que hagan inversiones estratégicas en renovables "se traduce en una subvención para que las empresas con dominio de mercado jueguen con ventaja".
