El Gobierno ha dado su brazo a torcer en medio de las negociaciones por los nuevos ERTE y no vinculará la formación a las exoneraciones de los mismos, al menos de forma inmediata. Así lo confirman fuentes sindicales presentes en la última reunión consultadas por Vozpópuli, que apuntan a que este requisito "no va a estar en vigor el 1 de octubre, y aún está en el aire saber qué va a pasar en noviembre".
El Ejecutivo da así marcha atrás a su plan inicial para los nuevos ERTE, que entrarán en vigor al caducar la prórroga de los últimos este 30 de septiembre, y en los que pretendía vincular las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social a poner en marcha acciones formativas. No será así desde el 1 de octubre, cuando, según las mismas fuentes, se prorrogaran los expedientes en las mismas condiciones que hasta ahora. "No es posible que la formación se ponga en marcha en octubre, montar algo así no es cosa de un mes", insisten fuentes de CCOO.
Después, a partir del 1 de noviembre, entraría en vigor el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo, que se extendería hasta el 31 de enero de 2022, e incorporaría nuevas condiciones para los ERTE. No obstante, también está en el aire conocer si, como defiende el Gobierno, la exigencia de la formación se pone en marcha desde ese mes o si, como pretenden los sindicatos, se espera a incluirlo en los "ERTE permanente" -más allá de febrero-, en el marco de la reforma laboral. Desde CCOO insisten que debería concretarse "en la articulación del nuevo mecanismo de flexibilidad interna que sustituya a los ERTE, vinculando las reducciones de jornada a planes de formación, no en esta negociación".
No es ese el único punto donde continúan las tiranteces. "Continuamos con algunos inconvenientes para llegar a un acuerdo como es la resistencia del Gobierno a poner el contador a cero en relación a las prestaciones por desempleo, que debería de referirse al menos a 30 de junio de 2022 , y en las exoneraciones vinculadas a la formación", comentaban desde UGT al cierre de la reunión de este jueves entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal para tratar el tema.
Sí que han encontrado acuerdo las partes en que las empresas deban renovar su solicitud de ERTE antes del 10 de octubre, para lo que la administración tendrá un plazo de diez días para dar respuesta. Su silencio se entenderá finalmente como positivo, y no como negativo, algo que defendió el Ejecutivo al inicio de las negociaciones.
Con todo, no hay ningún papel definitivo sobre la mesa. Aunque el Gobierno pretende llevar la propuesta al Consejo de Ministros del próximo martes, este mismo viernes tendrá lugar otra reunión para atar los detalles, confiando las partes en "poder alcanzar un acuerdo" antes del fin de semana.
La formación de los ERTE, ¿quién la paga?
Además de la dificultad denunciada por los sindicatos relacionada con decidir qué cursos se imparten y en qué centros, otro de los obstáculos relacionados con las acciones formativas tiene que ver con su financiación. En una entrevista reciente, el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, avanzó que el Ejecutivo prevé sufragar con fondos públicos "el grueso" de las acciones formativas propuestas en la extensión de los ERTE.
"¿Qué quiere decir "el grueso" de las acciones formativas? ¿Cuánto dinero van a tener que poner las empresas?", se preguntan fuentes conocedoras de las reuniones, con los interrogantes todavía por resolver por parte del Gobierno.
Del mismo modo, según su plan de Escrivá serán las empresas quienes, cuando vayan a solicitar la nueva prórroga, presenten el plan de formación, que será evaluado por la autoridad laboral. Gobierno, sindicatos y patronal pretenden poder firmar el acuerdo este mismo viernes.
