"Escenario a políticas constantes", "escenario fiscal inercial" son las excusas que plantea el Plan Presupuestario de 2024 que ha enviado el Gobierno a Bruselas para no concretar las medidas de gasto que prevé acometer, por estar en funciones. Sin embargo, esto no le impide a Hacienda negociar cesiones millonarias en los Presupuestos a Junts y PNV a cambio de la investidura.
Este respeto a su condición de interinidad se sigue plenamente en uno de los asuntos más sensibles, la permanencia o no de las ayudas para paliar los efectos de la inflación y de la guerra en Ucrania. Aunque el FMI y otros organismos reclaman al Gobierno que ponga fin a las rebajas del IVA a la electricidad y al gas y a otras ayudas y éstas finalizan el 31 de diciembre, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha advertido este lunes de que la decisión la tomará el próximo gobierno, en principio, -si lo hay, se sobreentiende-, al final de año.
García Andrés ha insistido en que el que en el Plan se traslade su fin el 31 de diciembre, ello no presupone que en el futuro no se puedan "adoptar o prorrogar" las medidas con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación en caso de que se considere necesario tras evaluar la situación con los datos disponibles a final de año.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, venía apuntando a que a final de año se retirarían algunas medidas pero no todas. Al impacto del alza de los carburantes que se está produciendo en las últimas semanas se suma ahora la incertidumbre por la guerra entre Israel y Hamás. Además, a nadie se le escapa que el escenario al que se enfrente el Ejecutivo de Pedro Sánchez a finales de año respecto a las medidas será diferente si hay elecciones el 14 de enero.
Tampoco desvela nada el Plan Presupuestario sobre las medidas de ingresos y muy en concreto, sobre los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas, que se aprobaron como temporales y cuya vigencia vence el 31 de diciembre.
Unos impuestos del agrado de los socios de Sánchez y que pueden recaudar cerca de 4.000 millones al año, un montante a tener en cuenta en plena vuelta de las reglas fiscales y ante el compromiso del Gobierno de situar el déficit en el 3%.
Especialmente si se consideran las concesiones que negocia Hacienda a Junts y PNV a cambio de la investidura. Se da por supuesto que si Pedro Sánchez es investido, las cesiones a ERC y Bildu también serán voluminosas, pero ahora mismo no se están tratando abiertamente. Los de ERC insisten en que sólo negocian la investidura a cambio de la amnistía y el referéndum y los de Bildu son los únicos que dicen dar su aval sin contraprestaciones. Hacienda sí que se está negociando con Junts y PNV.
El Ministerio que lidera María Jesús Montero impulsa la tramitación, cuanto antes, de los Presupuestos de 2024 para aprovechar su coincidencia temporal con la negociación de la investidura y así amarrar un pacto de legislatura.
Concesiones millonarias
Aprobar los Presupuestos facilitaría que la legislatura se extendiera incluso hasta 2026 y en el caso de Junts es una manera de canalizar sus exigencias maximalistas sobre financiación autonómica. Una fórmula para aterrizar, acotar, la lista a los Reyes Mayos multimillonaria de los independentistas en forma de las tradicionales cesiones millonarias que se vienen otorgando en las Cuentas.
Para los de Junts, las partidas de inversión del Estado en Cataluña se presentarían como una especie de señuelo, de más vale pájaro en mano, con el que aparcar su exigencia de condonación de la deuda, de una financiación multimillonaria ante la reclamación de un supuesto déficit de 450.000 millones o articulación de una especie de Cupo catalán.
En los Presupuestos de 2023, Cataluña recibe un importe de 2.308,92 millones de euros del total de la inversión territorializada del Estado en las comunidades autónomas, a lo que Hacienda suma 200 millones a cuenta del cumplimiento de una sentencia del Supremo del 2017.
A todo esto se añade lo que ERC arrancó en las enmiendas, un total de 2.000 millones en infraestructuras y otras partidas.
"Que haya un acuerdo de investidura y negarle los Presupuestos al Gobierno no tiene mucho sentido. Si le vas a dar una oportunidad con la investidura, tendrás que darle el mínimo instrumento para que el Gobierno eche a funcionar. A partir de ahí, cómo se va a desarrollar y si va a aguantar los cuatro años… Cuando se inician las investiduras es con la intención de que [las legislaturas] duren cuatro años", declaró Aitor Esteban tras el encuentro que mantuvo con Sánchez y al que se incorporó Montero.
El portavoz del PNV valoró la presencia de la ministra: "Me parece bien, yo me entiendo bien con la ministra de Hacienda, los dos somos bastante directos. Y todo el mundo sabe que Hacienda es el Gobierno dentro del Gobierno, es el que da el permiso [a las partidas presupuestarias] al resto de ministerios".
Esteban insistió en que sus reclamaciones se basan en cuestiones vinculadas con el autogobierno, así como con las políticas socioeconómicas, industriales y culturales. También, aunque no lo concretó, con las doce medidas en el acuerdo firmado entre el PNV y el PSOE en 2019. Algunas cerradas; otras, no. Una lista que incluía cumplir las transferencias, las identidades nacionales, el impulso al TAV, a la industria o defender la participación del País Vasco en las instituciones de la UE.
Las cesiones al PNV de los Presupuestos de 2023 supusieron inversiones por cerca de 80 millones de euros.
Se sumaban a las de Bildu, que el año pasado arrancó cerca de 450 millones, con partidas entre las que destaca la subida de las pensiones no contributivas, que asciende a cerca de 420 millones.
A esto se añadió la cesión de los impuestos a banca y energéticas al País Vasco y Navarra, por los que ingresarán 500 millones, nuevos impuestos vetados a otras CCAA.
La inversión territorializada en País Vasco fue de 558,8 millones en los Presupuestos de 2023.
La AIReF pide control del gasto
La AIReF formula una nueva recomendación al Ministerio de Asuntos Económicos para que publique el Informe de Situación de la Economía Española previsto en el artículo 15.5 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se recoja la tasa de referencia de la regla de gasto para 2024.
En una nota en la que explica que ha avalado el cuadro macro "con riesgos a la baja", pero no se ha pronunciado sobre el Plan Presupuestario, la Autoridad Fiscal subraya que "resulta fundamental de cara al proceso de elaboración de los presupuestos de las diferentes administraciones territoriales que, de momento, cuentan solo con la referencia existente en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026".
En el caso de las comunidades autónomas, la referencia se corresponde con una situación de equilibrio presupuestario, mientras que, en el caso de las corporaciones locales, es de un superávit del 0,2% del PIB.
En este sentido, la AIReF considera que "existe el riesgo de que las administraciones territoriales elaboren sus presupuestos con la única referencia del saldo presupuestario, y sin tener en cuenta qué parte de los ingresos con los que contarán en 2024 son de carácter temporal", lo que les permitiría un crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos, sin el Plan de Recuperación, en el entorno del 7% y del 9%, respectivamente.
"Este margen tan elevado para el crecimiento del gasto en el próximo año sin la restricción que pudiera derivar de la regla de gasto podría comprometer la senda fiscal en el futuro e implicar una fuerte contención del gasto difícil de implementar", remacha.
