Las pensiones contributivas subirán un 2,75% en enero de 2025, un punto menos que este año, cuando se revalorizaron un 3,8%. Es el dato que maneja el Gobierno en la memoria que acompaña al borrador del Real Decreto-ley, a falta sólo de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) avance el próximo jueves 28 la variación anual del IPC de noviembre, el último dato que se incluirá en el cálculo. En todo caso, este dato puede influir muy ligeramente en la cifra estimada, que salvo sorpresas rondará el 2,8%.
Será la subida más moderada desde 2022, cuando las pensiones contributivas se revalorizaron un 2,5%. En 2023 se incrementaron un 8,5% y este 2024, un 3,8%. En todo caso, la revalorización prevista para 2025 será significativamente superior a la que se producía antes de la crisis inflacionista: 1,6% en 2019 y 0,9% tanto en 2020 como en 2021. El Ejecutivo calcula que subir un 2,75% las nóminas de 10,49 millones de pensionistas generará un coste adicional próximo a los 5.000 millones de euros.
También las 700.000 pensiones de las clases pasivas, jubilados que fueron antes empleados públicos y se enmarcan en este régimen en extinción, subirán un 2,75%, con un coste aproximado de 600 millones. A esto hay que sumar la revalorización adicional de las pensiones mínimas (algo más de 2 millones), la del complemento para la reducción de la brecha de género (de la que se beneficiarán alrededor de un millón de personas), y el casi medio millón de pensiones no contributivas, aquellas que perciben los jubilados o en situación de invalidez que no han cotizado lo suficiente.
En esos tres casos las nóminas subirán más del 2,75%, como ha ocurrido en años anteriores, pero el Gobierno no especifica la magnitud del incremento en el borrador. Sí detalla el coste aproximado para la Seguridad Social. La factura de las subidas de todas las pensiones en 2025 rondará los 7.200 millones, según los cálculos que maneja el Gobierno. Se suma al gasto adicional que han ocasionado las fuertes subidas en años anteriores, un coste que se consolida en el tiempo y que ha llevado la factura total por encima de los 200.000 millones de euros.
El gasto en pensiones crece anualmente también por otras razones. España goza de una esperanza de vida récord en la UE, el número de pensionistas crece con cada vez más intensidad por la jubilación de los babyboomers, y los nuevos pensionistas entran al sistema con prestaciones más altas que los que salen. Con todo, el gasto en pensiones ha aumentado ya en 50.000 millones de euros en sólo cinco años, y previsiblemente el año próximo aumentará en otros 12.000 millones por todos los factores demográficos mencionados.
La presión sobre las cuentas de Seguridad Social es máxima. Las cotizaciones que abonan los trabajadores y los empresarios sólo pagan alrededor del 70% de la factura, siendo necesario cubrir el resto con lo que ingresa el Estado vía impuestos o con deuda pública. La financiación del Estado a la Seguridad Social (a través de transferencias y préstamos) para sostener las pensiones en los últimos seis años, entre 2018 y 2023, asciende a 271.905 millones, lo que equivale al 19% del PIB y al 70% de la nueva deuda pública.
La Comisión Europea ha advertido de que España es el país de la UE donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones por la vinculación al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad con la última reforma impulsada por el exministro José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España. Se elevará al 14,3% del PIB en 2030, al 16,2% en 2040 y al 17,3% en 2050. Las medidas de ingresos, como el aumento de las contribuciones al sistema y de la edad efectiva de jubilación, compensarán sólo "parcialmente" la subida del gasto, y el déficit del sistema alcanzará el 3,1% en 2053.
