El Gobierno presentará a Bruselas un proyecto preliminar de reformas a partir del próximo 15 de octubre y, aunque tendrá que delimitar las líneas maestras a las que quiere destinar los fondos de la Unión Europea (UE), no entrará al detalle de definir proyectos concretos o las empresas que se beneficiarán de esos fondos.
La Comisión Europea ya ha enviado a los países la plantilla que tienen que cumplimentar para acceder al Fondo de Reconstrucción, del que España tiene derecho a 140.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones de aquí a 2026. Acompaña a este formulario un documento explicativo con las instrucciones que debe seguir cada país para rellenarlo.
El formulario se estructura en cuatro partes: objetivos generales y coherencia del plan (en el que los países deben relacionar sus propuestas con el Semestre Europeo); descripción de las reformas e inversiones -con estimación de costes y solicitud de préstamo si procede-; implementación del plan y complementariedad; e impacto general.
De cada reforma deberán señalar en qué porcentaje contribuye a lograr los tres objetivos de la Unión: transición ecológica, digitalización y reindustrialización.
En cuanto a los costes, el Gobierno debe precisar en cuánto tiempo se llevará a cabo la reforma, cuál es el coste total estimado, cuánto se gastará cada año y qué fuentes de financiación se utilizarán (si se usará dinero de otros programas de la UE o del presupuesto nacional o no).
Sin entrar al detalle
Lo que no precisará es qué proyectos concretos, con nombres y apellidos, se financiarán. Manuel de la Rocha, director de Asuntos Económicos del gabinete de Pedro Sánchez y quien lidera el equipo para gestionar estos fondos, explica a Vozpópuli que se dará información sobre cuáles son las líneas de acción pero sin entrar a citar proyectos concretos.
Si, por ejemplo, el Ejecutivo propone un proyecto de política industrial para mejorar la eficiencia energética de plantas industriales -indicando los millones que necesita para llevarlo a cabo-, no tendrá necesidad de señalar qué empresas en concreto se beneficiarán de esas ayudas, pone como ejemplo.
Esos detalles se decidirán más adelante, de hecho el Gobierno tiene de plazo hasta el 30 de abril de 2021 para enviar un programa definitivo a Bruselas. Una vez definidas las líneas estratégicas, el Gobierno tendrá que elegir proyectos concretos y para eso contará con la ayuda de la CEOE.
La patronal quiere colaborar
Iñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la patronal, explica a este medio que primero se envía un borrador de reformas y a partir de entonces "el Ejecutivo empezará la interlocución para identificar proyectos".
La CEOE está trabajando ya para identificar quince proyectos tractores de carácter nacional "que sean transversales y que incluyan la digitalización, la transición ecológica y tengan un efecto arrastre importante en la economía". Entre ellos se encuentra uno destinado a fomentar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas.
Aunque los países tienen hasta el 30 de abril de 2021 para presentar sus propuestas, la Comisión anima a los estados miembro a que presenten sus proyectos preliminares desde el 15 de octubre y que inicien un "amplio diálogo" con todas las partes pertinentes para bajar los planes al detalle.
