El Gobierno y los sindicatos han cerrado un pacto sobre el Factor de Equidad Intergeneracional a espaldas de la patronal. Las cotizaciones sociales subirán 0,6 puntos durante diez años, entre 2023 y 2032. Las empresas asumirán el 80% del recargo, 0,5 puntos, por el 20% de los trabajadores, 0,1, como reclamaban estos, en línea con el reparto vigente, cuantía que se ha subido desde la última propuesta del Ejecutivo. El objetivo, recaudar 50.000 millones de euros para sufragar la jubilación de los 'baby boomers'.

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha puesto de ejemplo que un salario medio que aporte 2.000 euros a la base de cotización tendrá una subida de algo menos de 12 euros, de los que cerca de 10 euros recaerán sobre la empresa y de dos, sobre el trabajador. En declaraciones a los medios, Escrivá ha asegurado que un recargo de 0,5 puntos sobre la empresa ha sido siempre su planteamiento y ha afirmado que CEOE no ha planteado ninguna propuesta. Según el ministro, se trata de una subida "muy pequeña", mientras que el Factor de Sostenibilidad que lanzó el PP en 2013 y que no se ha aplicado habría supuesto un recorte de 300 euros en la pensión del trabajador joven que ahora aporte 1.500 euros a la base de cotización.

Este mecanismo actuará como válvula de seguridad del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050. Si no se diera una desviación, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones. Si a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del PIB. Si la disposición de activos del Fondo de Reserva no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo una propuesta que se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas para aumentar los ingresos.

Esta mañana se ha reunido la mesa de negociación de las pensiones in extremis con el fin de lograr el acuerdo, ya que hoy es el día en el que el Gobierno había marcado como tope para pactar el mecanismo, la parte fundamental de la primera reforma de las pensiones que faltaba, junto con otros flecos.

El 2 de noviembre el Ejecutivo propuso elevar las cotizaciones sociales durante 10 años para sufragar la jubilación de los 'baby boomers', los nacidos entre 1958 y 1977, casi 14 millones de personas, 2,5 más que en los 20 años anteriores y 4,5 millones más que en los 20 siguientes. En concreto, un alza de 0,6 puntos (inicialmente era de 0,5 puntos) durante 10 años, desde 2023. En su segunda propuesta, se estableció que la empresa correría con 0,4 puntos y el trabajador, con 0,2, lo que provocó el rechazo de CEOE.

Pues bien, CEOE ha decidido, por unanimidad, descolgarse esta mañana de la negociación al considerar que es "insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad". A juicio de la patronal, "aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones. El crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones".

El comunicado advierte además de que "la propuesta del Ejecutivo tiene poco de intergeneracional ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes". En suma, CEOE y Cepyme remachan: "No es el momento de aumentar los costes empresariales y poner en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas".

El aviso de Banco de España

En este sentido, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha indicado este lunes que las dos principales propuestas que hay ahora sobre la mesa en relación a las pensiones, la indexación de las mismas con el IPC y la eliminación del Factor de Sostenibilidad para sustituirlo por el Factor de Equidad Intergeneracional, generarían "cuatro o cinco puntos porcentuales" de PIB de aumento del gasto público si no se compensa con otro tipo de medidas.

Hernández de Cos ha destacado, durante la Convención Anual de la Asociación de Mercados Financieros (AMF), que las reformas de 2011 y 2013 "servían para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema", mientras que las actuales propuestas aumentan el gasto si no se compensan con otras medidas.

Los sindicatos reclamaban que la parte que asuma la empresa del alza de las cotizaciones sea todavía mayor, tal como se cotiza ahora, 80%-20%, y exigían que esta subida se mantenga durante más tiempo, no sólo durante una década, hasta 2040 o 2050, ya que consideran que la recaudación va a ser insuficiente para afrontar el incremento del gasto que habrá en pensiones en las próximas décadas.

Para el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, es un "éxito haber conseguido la propuesta de subir cotizaciones y ayudar a sostener el sistema", subida que considera "perfectamente asumible por las empresas".

La salida de CEOE de la negociación se suma a la que ya hizo respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en septiembre y emborrona el historial de acuerdos con los agentes sociales que el Gobierno se jacta de promover.

El Gobierno remitirá ahora la propuesta al Grupo Socialista en el Congreso para que la incluya como enmienda al proyecto de ley que desarrolla la reforma, lo que está previsto que se haga por procedimiento de urgencia, 'in voce', en la votación.