Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Servimedia recordaron este miércoles que los impuestos de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio son de titularidad estatal y que, por tanto, el Gobierno central tiene competencia para modificar sus tipos impositivos, en respuesta a la carta enviada por el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que pide “respeto a la Constitución, a las leyes vigentes y a la autonomía financiera” de la región” y advierte con la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.

Las fuentes consultadas señalaron que el Gobierno lleva tiempo defendiendo avanzar hacia una mayor armonización fiscal que acabe con las diferencias actuales, y que se trata de una medida que también figura en el informe de la comisión de expertos que se elaboró a instancias del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Esta respuesta por parte de Hacienda reitera las declaraciones que la ministra Montero realizó ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros al ser preguntada sobre esta armonización fiscal y las críticas llegadas de la Comunidad de Madrid y los líderes del PP.

"Las reglas del juego" iguales para todos los países

En concreto, Montero recordó que se trata de impuestos estatales cuya recaudación y capacidad normativa están cedidos a las autonomías pero en los que la capacidad regulatoria es del Gobierno central, y defendió que el propósito del Ejecutivo de armonizar impuestos entre comunidades autónomas coincide con la reclamación que España realiza en la UE para que “las reglas del juego” sean iguales para todos los países y “que no haya competencia desleal” entre ellos en el apartado fiscal.

Asimismo, apuntó que “no se trata de un debate nuevo” surgido a raíz del pacto con ERC, sino que “llevamos años discutiendo”, y que diversos presidentes autonómicos e incluso ella misma cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía han inquirido al Gobierno central sobre la necesidad de establecer unas horquillas de tipos impositivos que marquen los límites en los que las comunidades autónomas puedan bonificar determinados impuestos.