El exdirectivo de Iberdrola José Antonio del Olmo ha declarado de nuevo este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza de Iberdrola dentro de la macrocausa 'Tándem', en esta ocasión en calidad de investigado, y, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, se ha reafirmado en que el presidente de la energética José Ignacio Sánchez Galán conocía la contratación del Grupo Cenyt --propiedad del comisario Villarejo-- y el motivo por el que se requería sus servicios.
En esta pieza separada número 17 se investigan los supuestos encargos de responsables de Iberdrola al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo y su empresa Grupo Cenyt, y que iban presuntamente desde acceder a documentación restringida, hasta realizar seguimientos a personas o intervenciones de comunicaciones sin autorización judicial.
Por otro lado, según estas fuentes, Del Olmo ha aportado nueva documentación al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, en la que se incluyen facturas. De hecho algunas de ellas corresponderían a la contratación de una segunda agencia de detectives, Kroll, que podría haber realizado otras investigaciones paralelas a las de Cenyt.
La pieza 17 se abrió en octubre de 2019 a la luz tanto de la documentación intervenida al propio Villarejo tras su detención en 2017 como del material sobre su relación con Iberdrola que venían difundiendo 'moncloa.com' y 'El Confidencial'.
De hecho, en octubre del año pasado la eléctrica ya anunció que abría una investigación exhaustiva en forma de informe 'forensic' para aclarar hasta dónde llegaron las relaciones con Cenyt. Ese informe fue encomendado a PwC, y se presentó ante el juez en febrero de 2020.
Se sumaba a las indagaciones internas ya acometidas en noviembre de 2018 y el pasado mes de julio de 2019 a raíz de la difusión de informaciones que vinculaban a la compañía con la empresa del comisario.
En ambas se determinó que se habían encargado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre los años 2004 y 2017, y que tanto en el proceso de contratación como en la posterior facturación se habían seguido todos los controles internos de Iberdrola, según informó en su momento la propia compañía.
El informe interno de Del Olmo
Cabe recordar que Del Olmo fue el autor de un supuesto informe interno en el que acusaba a la dirección de Iberdrola de ordenar espionajes y de usar facturas falsas. La compañía en diciembre de 2019 emprendió acciones penales contra él y señaló que no tenían "constancia alguna" en sus archivos de dicho informe.
Por este motivo, los abogados de la energética remitieron un escrito a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en el que se solicitaba la apertura de diligencias contra Del Olmo, que fue en la compañía director de Funciones Corporativas dentro de la Dirección de Administración General y Corporación, por los delitos que se desprendan de la investigación del fiscal, pero que la empresa considera susceptibles de ser calificados "como falsedad documental, injurias y calumnias".
Asimismo, la empresa destacaba en su escrito que el autor del presunto documento parecía ser el único conocedor del mismo y que, ni en el momento de la presunta redacción -diciembre de 2004- ni con posterioridad a los hechos, ha formulado la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes por las supuestas irregularidades que, presuntamente, él conocía.
Precisamente el 10 de noviembre declaró el fuera consejero director general de Iberdrola hasta 2014, José Luis San Pedro, y al ser preguntado por Del Olmo, dijo, según fuentes consultadas en aquella comparecencia, que ese informe interno pudo ser el movimiento que hizo Del Olmo para protegerse en la guerra abierta entre Antonio Asenjo, quien fuera responsable de Seguridad de la compañía, y Marcos Peña, su antecesor en la dirección de Seguridad durante la presidencia de Íñigo Oriol.
Asenjo, el que sería el interlocutor de la compañía con el comisario, en una de sus últimas declaraciones ante el juez --también está siendo investigado en esta pieza-- señaló que Sánchez Galán no tenía conocimiento de la contratación de los servicios de la empresa de Villarejo. Los trabajos irían desde presuntas labores de espionaje a intentos de desacreditar tanto a grupos ecologistas como a otras empresas como ACS, cuyo presidente, Florentino Pérez, se ha personado como perjudicado.
