Según datos de septiembre de 2024 del Portal IPYME, más de 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) y 1,6 millones de autónomos sin asalariados conforman el tejido empresarial español, cifras que reflejan la importancia de este sector para la economía del país.
Estos negocios, que representan la gran mayoría del entramado empresarial, se enfrentan ahora a una nueva obligación por parte de Hacienda a partir de 2026. La medida, que se espera genere un intenso debate, afectará a un sector clave para la generación de empleo y la dinamización económica.
Tal y como adelantó el diario El Economista, esta nueva obligación de Hacienda para que pymes y autónomos que ingresen menos de 6 millones de euros consistirá en que deberán compartir de forma automática su facturación con el fisco. Una medida que emana de la Ley contra el fraude fiscal de 2021 para prevenir la elusión de impuestos y la economía sumergida.
Las fechas en las que entrará en vigor
El Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, prevé que esta medida debe entre en vigor de forma escalonada, de modo que las pymes y autónomos no comenzarán al mismo tiempo a compartir su facturación con el fisco.
Lo que tiene previsto Hacienda es que las empresas comiencen a remitir sus facturas a la Agencia Tributaria a partir del 1 de enero de 2026, mientras que los autónomos lo hagan seis meses después, a partir del 1 de julio de 2026.
La medida estaba programada para instaurarse ya en 2025, pero se retrasó
El Ministerio de Hacienda había aprobado esta medida ya en 2023, desarrollando los requisitos que debían cumplir los sistemas informáticos que utilizaran pymes y autónomos para compartir estas facturas con el fisco de manera inmediata y automatizada.
Dicha norma nos decía que las empresas que desarrollaran estos softwares o programas informáticos de facturación, una vez publicada la orden ministerial con las especificaciones, tenían un plazo de nueve meses para ponerlos en marcha. Luego, una vez los softwares listos, empresas y profesionales debían comenzar a remitir sus facturas como tarde el 1 de julio de 2025.
No obstante, esa orden ministerial no llegó hasta el pasado 28 de octubre, de modo que ahora Hacienda ha tenido que retrasar los plazos y dar a las empresas de informática hasta el 29 de julio de 2025 para habituarse y aplazar la obligación así a 2026.
